Decreto de Vázquez insta a reformar casas de salud

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Un decreto del presidente Tabaré Vázquez busca ponerle fin a las irregularidades en las casas de salud, un paso esencial para la puesta en práctica del Sistema Nacional de Cuidados (SNC), según dijo a El País su director, Julio Bango. En Uruguay un tercio de estos centros no cuenta con habilitación por no tener, entre otras cosas, permiso de bomberos. Un incendio en mayo de este año en un hogar dejó 7 muertos.

El decreto del 7 noviembre establece que todo centro debe tener habilitación de bomberos. También se ponen condiciones en cuanto a los recursos humanos. Las casas deberán contar con un cuidador (que haga esta tarea de forma exclusiva) cada 10 residentes autoválidos y uno cada 10 residentes de dependencia durante el día. En turnos nocturnos, será uno cada 20 y uno cada 10, respectivamente. Debe haber "al menos un cuidador por turno que cuente con capacitación en primeros auxilios". Se establece que las residencias serán solo para personas "ancianas que hayan cumplido 65 años", o menores en caso de que "su estado social o psico-físico lo justifique".

"No hicimos este decreto para salir a cerrar hogares, todo se va a hacer de forma progresiva", explicó de todas formas Bango. "Se establecen progresiones. Por ejemplo, en materia de habilitación de los trabajadores les damos dos años de plazo para tener ya un cuidador habilitado y cuatro años para tenerlos a todos", añadió. El jerarca también precisó que la formación de los cuidadores "va a ser gratuita y estará a cargo del Sistema de Cuidados".

Las habilitaciones correrán por parte del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Salud Pública (MSP). Bango dijo que dentro de 10 días empezarán las inspecciones y las advertencias a los responsables de cada uno de los centros para que solucionen las irregularidades que se constaten. El decreto también incluye una gran cantidad de condiciones a nivel edilicio. Y los propietarios deberán presentar una declaración jurada firmada con un arquitecto que constate que está todo en regla.

Se establece que las plantas físicas deben estar construidas con "materiales firmes y resistentes". Que deberán "mantener el nivel de higiene adecuado", lo que incluye "el control efectivo de plagas". Los accesos al establecimiento, como a patios, jardines u otro tipo de espacios al aire libre "deberán poseer escaleras y rampas de material firme, pendientes apropiadas y pasamanos" —los corredores también tienen que tener pasamanos. En los edificios que tengan más de un piso, en caso de que las plantas superiores se usen para alojar a personas con discapacidad, ya sea física o mental, "deberá contarse con un ascensor con capacidad para ingresar a una persona en silla de ruedas".

Todos los ambientes deberán contar con calefacción y refrigeración artificial. Y no se podrán usar calefactores de combustión en los dormitorios. Los establecimientos "deberán contar con agua caliente las 24 horas, luz natural durante el día e iluminación eléctrica las 24 horas.

Asimismo se instalarán luminarias de emergencia en escaleras, baños —que tendrán que ser lo suficientemente grandes como para entrar con una silla de ruedas— y dormitorios".

Los sótanos, altillos, garajes, galpones, corredores, livings, patios y barbacoas "no podrán utilizarse como dormitorios". El alto de las habitaciones no podrá ser inferior a los 2,4 metros. Los dormitorios tendrán que tener 5 metros cuadrados por residente. Cada uno con una mesa de luz y un armario. No se podrán usar cuchetas, catres ni camas marineras. Las habitaciones deberán tener un timbre de fácil acceso, para que se pueda llamar al personal. Las sábanas, almohadas, fundas y frazadas tienen que ser de un material fácilmente lavable. Tendrá que haber un baño cada 10 residentes autoválidos y uno cada cinco incontinentes.

Bango reconoció que la realidad actual, donde uno de cada tres centros no están habilitados, puede cambiar teniendo en cuenta las nuevas exigencias.

"Con esta reglamentación se puede elevar el margen. Lo que se va a hacer es ir a los lugares y hablar con los responsables para que se comprometan a cambiar las cosas en un determinado plazo", explicó.

El director del SNC añadió que el Estado "puede ayudar" económicamente a las casas para arreglar parte de las instalaciones, en función del decreto, pero aclaró que "al tratarse de emprendimientos privados" el costo de los cambios recaerá sobre ellas.

Las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) de Montevideo advirtieron ayer un déficit operativo de 30 millones de dólares anuales. En el evento "Rumbo a los 10 años de la Reforma: las IAMC y el Sistema Nacional Integrado de Salud", el vocero de estos centros de salud, Daniel Porcaro, expuso la "difícil" situación financiera en que se encuentran.

"La reforma ha sido todo un desafío, tiene sus aspectos muy buenos en cuanto a la expansión de la cobertura de salud, y podemos llegar a tener un modelo muy diferencial a lo que son países de la región, pero todo eso cuesta e insume recursos", precisó Porcaro.

El vocero explicó que las mutualistas pasaron de tener 1.450.000 antes de la reforma a 2.150.000. Y que más allá del número los pacientes, al tener Uruguay una población cada vez más envejecida, son más demandantes que antes.

El representante de las mutualistas señaló que hubo un aumento de 28.215 pesos anuales en costos asistenciales que tenían las empresas en 2012, a 34.234 en 2015. En tanto, en lo que respecta a los costos de administración, estos cayeron de 4.294 pesos a 3.741.

Porcaro reclamó que se revea el dinero por concepto de cápitas que reciben las mutualistas por los usuarios que son parte del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).