Lo urgente y lo importante para el nuevo gobierno

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Ante el inicio de un nuevo período de gobierno hay urgencias, pero también la necesidad de una mirada a mediano y largo plazo para profundizar y/o iniciar reformas pendientes. Para el economista Gabriel Odonne, socio de CPA_Ferrere, el cortísimo plazo genera enormes desafíos y no es posible afirmar que se podrá cumplir con algunas de las metas anunciadas, como por ejemplo la reducción del déficit fiscal, en la magnitud y los tiempos planteados, a través de la contención del gasto proyectada. Sostiene que los avances logrados en indicadores sociales en los últimos años, solo son sostenibles con un crecimiento económico anual del 3%. Entiende que el proyecto de ley de urgente consideración da “algunas pistas” sobre las estrategias a seguir por el nuevo gobiern,o pero la clave estará en la ley presupuestal para el quinquenio. Además de la incertidumbre fiscal, el otro gran problema para asentar una agenda pro-crecimiento es el de la competitividad. A su juicio, es en ese terreno donde están los mayores problemas, para un gobierno de coalición que necesita imponer una agenda económica más ambiciosa que lo hecho hasta ahora. A continuación, un resumen de la entrevista.

— ¿Cuáles son las prioridades clave en el camino del gobierno recién asumido?

— El gobierno tiene un conjunto de desafíos por delante desde el punto de vista económico. En primer lugar, el país ha estado un año y medio o dos estancado, con crecimiento cercano al cero y debe recuperar su ritmo de crecimiento para alojar expectativas de mejora en el mercado laboral y además, hacer sostenible un conjunto de mejoras que en los últimos quince años se fueron construyendo. Es indudable que el país mejoró en ese período sus indicadores de pobreza, desigualdad, confort de la población, que contrastan con la historia del Uruguay y con la región. Eso solamente es sostenible en el mediano plazo si el país recupera un crecimiento del entorno del 3% anual. Para ello se requiere recuperar la inversión y hay dos aspectos clave: mejorar la ecuación de rentabilidad de los sectores de actividad y despejar la incertidumbre fiscal.

— ¿Cómo se llega a ello?

—El gobierno debe trazar un plan claro, creíble y consistente, acerca de hacia dónde van sus prioridades de gestión macroeconómica. De ello hemos ido conociendo algo a través del proyecto de urgente consideración y de declaraciones de los nuevos gobernantes. Lo vamos a saber mejor cuando veamos la iniciativa presupuestal para el quinquenio.

— ¿Lo que sabemos hasta ahora no es suficiente para definir cuál es el plan?

— No. Veamos el proyecto de urgente consideración. En un documento extenso, que comprende cosas muy generales y otras muy chicas, y donde no necesariamente está adecuadamente jerarquizado su contenido, pero la virtud que tiene es que allí está recogido lo que el presidente y su entorno más cercano tienen la voluntad de hacer. Allí hay una base, aunque faltan muchos detalles y sobre todo, ver cómo se sustancia la discusión de cara al proyecto definitivo.

— ¿De qué manera se establece una agenda pro crecimiento?

— Hay que atacar los dos problemas a los que me referí antes, la incertidumbre fiscal y la competitividad. Respecto al frente fiscal, esos temas serán abordados aparentemente en la ley de presupuesto y eventualmente con alguna modificación en la rendición de cuentas. Se propone por un lado un ajuste fiscal de un punto y medio o dos puntos del PIB (US$_900 a 1.200 millones), por otro un marco para un funcionamiento de las finanzas públicas más ordenado y predecible, y además se plantea el mandato de armar una reforma previsional que es el talón de Aquiles de las finanzas públicas. Allí estarían contenidos los tres capítulos que deberían tenerse en cuenta para reducir la citada incertidumbre. De esa forma, el gobierno demostrará que realmente está preocupado por el tema, que tiene un plan para atacarlo y que lentamente el déficit empezará a converger en un nivel más bajo. Mientras el mundo nos dé tiempo sin que el contexto externo nos genere dificultades inesperadas, esta estrategia puede dar resultado.

Proyectamos que el ajuste de tarifas que se aplicaría
en marzo, depare un alza de 8% en naftas y 7,2% en electricidad

— El gobierno puso en el centro de su mensaje la reducción del gasto en US$_900 millones. ¿Existe hoy evidencia que demuestre que eso se puede lograr?

— Siempre sostuve que el camino de hacer un ajuste fiscal por el lado del gasto y obtener un ajuste de ese monto en un período tan corto de tiempo es muy poco probable. El escenario fiscal se volvió lo suficientemente restrictivo como para que pueda emitirse una señal contundente de mejora de los números fiscales. Por tanto, un objetivo como el planteado, en un período de tiempo tan ajustado, a mi juicio requiere no solo concentrarse en el gasto si no ir también al capítulo impositivo. Pero no está previsto por parte del gobierno.
¿Cuál es el riesgo que asume el gobierno por evitar un ajuste que contenga un cambio impositivo? Estar postergando una decisión que quizás en otro momento deba tomarla más a las apuradas y en un escenario financiero restrictivo. Pero el gobierno ya decidió.

— ¿Cómo incide en el plan de ajuste del gasto el incremento de tarifas públicas anunciado?

— En ausencia de un aumento de tarifas, la situación fiscal podría verse comprometida. Nuestra estimación para el incremento de tarifas públicas que se haría efectivo a mediados de marzo es 7,2% en UTE, 6,5% en Antel, 7,6% en OSE, 8% las naftas y 4% el gasoil. Esto es en base a lo que consideramos los aumentos necesarios para mantener la estructura de precios de cada empresa, tomando en cuenta que en enero no hubo aumento. y considerando las transferencias de las compañías al resultado consolidado del sector público, la estructura de costos, así como el nivel necesario para mantener el poder adquisitivo de las tarifas. Con esas consideraciones, y otros componentes relevantes como puede ser el petróleo en el caso de los combustibles, esta es la estimación a la que llegamos. Evidentemente, esto tiene consecuencias sobre los diferentes sectores de actividad.

— Y eso incide en la competitividad…

— Uruguay tiene un problema de precios relativos. Históricamente, un escenario de estas características se solía traducir en un conjunto de amenazas de distorsiones macroeconómicas, como la cuenta corriente deficitaria o endeudamiento en dólares muy elevado por parte de los agentes económicos. Y por diversas circunstancias, esto no es lo que está ocurriendo ahora. Por tanto, el típico mecanismo de corrección que Uruguay solía tener, que era una devaluación en escalón que recomponía la competitividad en el sector transable, donde la inversión volvía al sector agropecuario y la economía crecía, eso no ocurra. Porque durante quince años se preparó para ello, con mejor gestión de deuda pública, con la mejora en la supervisión y gestión de riesgos en el BCU para evitar este tipo de cosas.

— ¿Entonces?

— La mejora de competitividad se tiene que buscar por otros canales que no son los tradicionales. Por ejemplo, un objetivo de inflación un poco más ambicioso que permita tener un manejo del tipo de cambio diferente al actual, o podrían alentarse depreciaciones reales de la moneda como lo que pasó en 2019. Igualmente, la brecha existente no es un tema que pueda resolverse rápidamente.

— Es necesario buscar otras alternativas…

— Hay que avanzar en otros temas postergados, hablo de reformas pro mercado y reformas de eficiencia en el sector no transable de la economía. El sector combustibles, salud, transporte, todos mercados internistas que por una vía u otra terminan siendo un costo para el sector transable. Son reformas complejas, porque la mayoría de la población trabaja en este sector no transable, y por tanto tienen consecuencias en términos laborales y se hacen fuertemente resistidas. En el proyecto de ley de urgente consideración parecen estar identificados algunos de estos problemas, como fortalecer las unidades reguladoras, separar el rol de fijación de políticas de prestación de servicios del rol de regular mercados, o mejorar el marco de gobernanza de las empresas públicas. Pero soy bastante escéptico de que los costos se puedan bajar. Lo imprescindible es entonces mejorar la productividad, la eficiencia del sector no transable, del público, de manera que, aunque la presión fiscal parezca alta, sintamos que lo que estamos pagando es lo que corresponde.

—¿Qué preguntan los potenciales inversionistas sobre este período?

— Una de las cosas que se pregunta fuera del país por inversionistas, organismos o calificadoras de riesgo, es cuál puede ser el funcionamiento de la coalición de gobierno. No es un tema menor, desafiante para la gestión parlamentaria, también para la cuestión fiscal, donde creo que la figura del presidente de la República va a tener un rol clave. Y por añadidura, hay que ver cómo se va a manejar el FA en su primera experiencia como oposición luego de haber sido gobierno. Ese escenario político es una de las grandes interrogantes para la economía uruguaya en este período, donde al país le urge acometer reformas importantes.