OPINIÓN

Supuestos más realistas sobre la perspectiva fiscal: el escenario de la Rendición de cuentas

En el plano fiscal, el MEF en particular y Gobierno en general siguen “construyendo reputación” para una institucionalidad nueva, que sería deseable que se mantuviera más allá del gobierno de turno.

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Los supuestos sobre el desempeño de algunos indicadores clave de la economía lucen bastante razonables en el escenario trazado por el MEF para esta Rendición de Cuentas, sin perjuicio de merecer algunos comentarios.

En cuanto al nivel de actividad de la economía se ajustó hacia arriba la proyección de este año, haciendo caudal del fuerte arrastre estadístico heredado del año pasado, y se corrigieron ligeramente hacia abajo las de los dos próximos años. El crecimiento acumulado en el quinquenio, que en el Presupuesto de agosto de 2020 se estimó en 11,7%, bajó a 6,6% el año pasado y subió a 8,8% ahora. La última encuesta de expectativas, de junio, lo estimó en 8,4%.

Consistentemente con esas proyecciones, se esperan sucesivos aumentos en la cantidad de personas ocupadas. Sin embargo, es notorio que la oferta de trabajo (la población activa) se ha estancado y, junto con la evolución del desempleo —que aunque ha venido subiendo sigue bajo—, pueden estar anticipando dificultades para aquella creación de puestos de trabajo. En este caso, los supuestos del MEF están alineados con las proyecciones de la encuesta de expectativas, con tasas de empleo para 2024, de 58,2 y 58,0% respectivamente.

Con relación al mercado de trabajo, vuelve a excluirse de los supuestos del escenario base a la evolución de los salarios, tanto públicos como privados. De todos modos, es sabido que el Gobierno ha comprometido sus retornos, para final del período y en términos reales, a los niveles heredados del período anterior, antes de la pandemia.

En el caso de la inflación se observa un mayor realismo, si bien persiste el optimismo. Finalmente se ha dejado de lado la meta utópica de ir a una inflación de 3,7% anual en 2024 y se la ha sustituido por una de 5,8%, apenas por debajo del techo del rango meta de entre 3% y 6% (o, mejor dicho, de 4,5% más y menos 1,5%). En el acumulado del quinquenio, se pasó de pretender una variación acumulada en los precios al consumidor de 34,4% a una de 44,7%. Ésta es cercana a la que surge de la encuesta de expectativas de junio (46,6% en el quinquenio y 6,6% en 2024). Debe tenerse presente que las expectativas oficiales y las de los economistas del sector privado son superadas (en magnitud y en aciertos) por las de los empresarios, que releva el INE, y que se ubican en 8% para mediados de 2024.

La otra área de interés es la fiscal donde, primero, debe destacarse el cumplimiento de la regla en sus tres pilares: el resultado estructural, el aumento del gasto público en términos reales y la variación de la deuda pública. Cabe recordar que esta regla se aplica exclusivamente al ámbito del Gobierno Central más el BPS y que se excluye a las empresas estatales y al BCU. Lo destacable del caso consiste en que el MEF en particular y el Gobierno en general siguen “construyendo reputación” para una institucionalidad nueva, ratificada en referéndum y que sería deseable que se mantuviera más allá del gobierno de turno. Precisamente, su cumplimiento actual lleva agua para ese molino y cuanto más se la cumpla, más difícil resultará incumplirla mañana.

Uno de los aspectos relevantes a los efectos de la regla fiscal, consiste, por un lado, en la estimación acerca de la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía, que el MEF ratifica en el 2,1% anual, y, por otro lado, en la evolución proyectada para la “brecha de producto”, es decir la diferencia entre el PIB estimado y el de tendencia. En este caso, se mantiene la proyección de una brecha negativa hasta el año próximo, lo que implica que el PIB estaría por debajo del “normal” y por lo tanto ello da lugar a un ajuste en el resultado fiscal que lo mejora al ajustarse por el ciclo económico. En términos sencillos, estar por debajo de la tendencia implica estar recaudando menos impuestos de lo normal y por ello el ajuste.

Las proyecciones para el déficit total del sector público implican la continuidad de su reducción hasta el 2,5% del PIB en 2024, no muy lejos de la que surge de la encuesta de expectativas de junio (2,7%).

Sin embargo, llama la atención que dicha proyección apenas haya cambiado con relación a la del año pasado (2,4% del PIB) cuando ahora se proclaman aumentos importantes en el presupuesto, tanto en el gasto corriente (incluida la referida recuperación salarial y ligada a ella la de las pasividades) y en las inversiones. Lo que entonces no ha de ser tan relevante, si bien juega a su favor el crecimiento esperado del PIB. De hecho, el “ahorro” en términos del PIB, de salarios más pasividades más inversiones, se proyecta en 1,4 puntos porcentuales para el quinquenio. Tampoco hay un aumento en las inversiones de las empresas estatales, que reptan en 0,1% del PIB.

Es decir que no parece haber una correspondencia entre los anuncios de aumentos presupuestales y los números proyectados. Tampoco hay un impacto notorio de las anunciadas rebajas impositivas a la renta personal de activos y pasivos. O no serán muy importantes, o se las prevé compensar con algún aumento tributario o alguna disminución de exoneraciones impositivas.

En las empresas estatales hay factores extraordinarios que afectan sus resultados, como ser la exportación de electricidad a Brasil, muy importante en el año pasado, o lo que está sucediendo con los precios del petróleo y los combustibles. Pero no entran en el cálculo estructural referido.

Por último, también llama la atención la menguada proyección de la cuenta de intereses del BCU, dado el fuerte aumento que ha tenido y tendrá la tasa media de sus Letras.

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