La reforma del Estado, esencial para la consolidación fiscal

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La década que fenece encuentra a nuestro país con déficit fiscal alto, lo que conduce a una trayectoria del endeudamiento insostenible de no tomarse los correctivos necesarios. Así, ya aparece la advertencia de una calificadora de riesgo, a la que seguramente otras harán eco. En el mismo sentido, el Banco Mundial en su último reporte sobre la región, señala el mismo fenómeno y preocupación sobre el tema.

Con nuestros vecinos, mostramos indicadores que nos perfilan desfavorablemente en el contexto de los países relevantes de América Latina. En nuestro caso en particular, no estamos en vísperas de una crisis severa, pero tenemos por delante un tema importante a resolver y que debe ser uno de los puntos centrales del programa del futuro gobierno. Y para Argentina y Brasil, achicar el tamaño del déficit y su endeudamiento son las piedras angulares de sus administraciones, pues resultan condición necesaria para retomar el crecimiento, y así disminuir genuinamente la pobreza.

Retrospectiva.

Proyectando una mirada sobre nuestro país, esta década transcurrida resaltará la bonanza externa de la mano de China y la excepcional liquidez que facilitó financiamiento profundo y barato. El aceleramiento de la puja redistributiva, el aumento real del gasto estatal, el deterioro de la inversión pública y la inadecuación de las políticas para disminuir la pobreza, donde se incluyen la educación, y la vivienda.
Este cúmulo de relaciones de causa-efecto serán las que actuarán como restricciones para cualquier gestión futura de gobierno. En un caso, porque la bonanza externa perdió fulgor, debilitando el crecimiento potencial de la economía, y por consiguiente su capacidad de generar recursos fiscales genuinos destinados a cerrar la brecha fiscal. En otros, porque el gasto público creció por la inclusión de agregados estructurales e irreversibles como la reforma de la salud, el aumento de funcionarios públicos, la mayor laxitud en el acceso a la seguridad social y el aumento de las transferencias por programas sociales.

En definitiva, el desafío es el cómo, su timing y su “venta” a los ciudadanos como que lo propuesto es el mejor camino para su bienestar. Es aquí donde la política debe vestir sus mejores galas, pues lo técnico es el apoyo pero la política es la que convence y ejecuta. Y para ello, los consensos políticos amplios sobre ciertas reformas o acciones, son indispensables.

A riesgo de reiterativo, algunos de los ítems de la lista que integran el consenso de políticas que ayuden a consolidar las cuentas públicas son obvios, aunque no está demás machacarlos.

Pendientes.

El crecimiento del empleo público se ha justificado por el aumento de la oferta en seguridad, educación y salud, lo cual birló la regla establecida de no llenar todas las vacantes del sector público. La realidad es que para que esa regla sea efectiva, debe operar en el seno de una reforma del sector público, cuyo objetivo es consolidar duplicaciones de tareas, detectar funciones desplazadas por la informática, o que son innecesarias. No es una tarea mecánica ni tampoco fácil, pero es la única vía de lograr una reducción del empleo. Aunque luzca obvia, se requiere de consensos políticos amplios y la participación de los potencialmente afectados. En su ejecución, es un proceso de va desde abajo hacia arriba. Lo otro es invitar al fracaso.

La revisión de la flexibilización al acceso a la seguridad social es una tarea inmediata, pues lo vigente posibilita filtraciones con costos fiscales importantes. A eso se agrega la adecuación de todo el sistema a los nuevos tiempos, aumentando las edades de retiro y su unificación hacia un sistema único. Hay consenso sobre su necesidad, pues las proyecciones muestran que lo actual es insostenible en el tiempo.

Las empresas públicas no pueden estar ajenas al proceso de consolidación fiscal. Integran el cerno del Estado por dos razones. Primero porque son oferentes en régimen monopólico, de hecho o derecho, de bienes estratégicos para el funcionamiento de la economía. Segundo, porque se han convertido en una fuente de recaudación, de subsidios cruzados, o encubrimiento de ineficiencias a través del ejercicio de su monopolio. A lo que se agrega decisiones de inversión que en muchos casos no están regidas por criterios de evaluación económica, o simplemente por decisiones de la jerarquía de turno. En definitiva, su gestión tiene una dimensión fiscal innegable.

Aunque su operativa figure como coordinada por el Poder Ejecutivo, históricamente han buscado en los hechos liberarse de esa tutela, bajo los preceptos que le otorga su carácter de ente autónomo. Sin dudas, hay una zona gris entre lo que las normas autorizan en materia de independencia de gestión, y lo que corresponde hacer en materia de una visión global de las prioridades del Estado. Cuando se es un ente del Estado, se lo es para todo y no con un sentido parcial a conveniencia de la institución interesada. No respetar esa visión permitió, por ejemplo, construir un Centro de Espectáculos sin tener en cuenta si esos recursos no tenían un mejor uso social alternativo, como edificar escuelas, liceos u hospitales.

En definitiva, la agenda de la consolidación fiscal desplaza los titulares de los niveles óptimos de déficit, para resaltar que es una dimensión más de la reforma del Estado. Y para ello, los consensos políticos son uno de sus componentes básicos.