La pandemia y el rol del Estado

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Según una crónica de El País del 20 de octubre, en una conferencia reciente, Enrique Iglesias se refirió a la crisis sanitaria y económica que está padeciendo el mundo. De acuerdo con dicha crónica, Iglesias dijo que “todo eso lleva a medidas de corto y largo plazo. En el corto plazo, los gobiernos ayudan con subsidios al desempleo y a sectores de más bajos ingresos. Todas estas políticas de corto plazo son por una gran capacidad de emisión o endeudamiento. El tema lo tenemos los países en vías de desarrollo que tenemos que apelar al endeudamiento”.

Luego expresó que “pensando más hacia adelante, el mundo va a precisar más Estado, es inevitable. Cuando hay problemas la gente va al Estado, es el Estado el que apoya. El Estado va a estar mucho más demandado por los problemas que genera el coronavirus”.

Coincido con Iglesias en cuanto al rol fundamental del Estado en tiempos de pandemia. Y también coincido en separar los tiempos, como él hace, entre el corto plazo y el largo plazo. Pero no puedo ir más allá de eso en mis coincidencias pues no conozco, de sus palabras, más que las que el diario reprodujo en su nota. Por lo que viene al caso dejar en claro algunas cosas.

Primero, el “corto plazo” al que Iglesias se refiere lo interpreto como la etapa inicial en la que todavía se está, donde la crisis sanitaria sigue vigente y no hay señales de que se vaya a superar en lo inmediato.

Segundo, el “largo plazo” lo entiendo como la etapa siguiente, una vez superada la pandemia, pero todavía existiendo secuelas, por ejemplo, en materia de empleo y pobreza.

Tercero, es indudable que en la etapa inicial el rol del Estado está siendo decisivo. El restablecimiento de la situación sanitaria previa al surgimiento del virus entra en la definición de bienes públicos, aquellos que el Estado debe proveer por su carácter indivisible y, por lo tanto, porque nadie estaría dispuesto a pagar individualmente por disponer de ellos. Lo mismo, es inherente al Estado la aplicación de instrumentos propios de las políticas públicas para atenuar el impacto económico de la crisis sanitaria: políticas sociales, seguro de desempleo, facilitación del crédito, las tres que se están llevando adelante en nuestro país.

Cuarto, como consecuencia de esas acciones, los Estados aumentan sus déficits y sus endeudamientos. Veamos al respecto el caso uruguayo: según el proyecto de ley de presupuesto, en el escenario que el gobierno considera para el quinquenio, se estará durante los cinco años por debajo del PIB potencial, habrá un déficit fiscal permanente, partiendo del más alto desde 1985 y la deuda subirá considerablemente en términos del PIB (más de diez puntos este año y algo más en los dos siguientes). Pero el escenario es aún peor en el caso de las expectativas de los economistas que respondemos la encuesta del BCU, o de la agencia calificadora Fitch: en ambos casos se espera menos crecimiento y más déficit y deuda.

Quinto, lo anterior significa que los Estados (incluido el nuestro) habrán de quedar exhaustos tras el esfuerzo que habrán realizado durante la pandemia, con altos déficits y muy endeudados. Con poco “resto” para seguir apuntalando a personas y empresas. Y el poco que le quede, deberá asignarlo prioritariamente a aquellos más rezagados, a quienes hayan perdido sus empleos y a quienes hayan caído en la pobreza. Es rol del Estado procurar que esos compatriotas no queden a la vera del camino. Por lo tanto, poco podrá hacer más allá de eso, que le seguirá insumiendo recursos y afectando las cuentas públicas. Y, por cierto, hoy no podemos saber a cuántos deberá asistir y por cuánto tiempo.

Sexto, lo que sí pueden y deben hacer los Estados desde ya mismo y para “el día después” de la pandemia es crear las condiciones para que el sector privado actúe de manera pujante e impulse a la economía, creando riqueza, mejorando su ingreso, generando empleos. Para ello, debe realizar reformas en las principales políticas públicas, que promuevan el crecimiento, la inversión y la exportación.

Sé que el gobierno comparte ese punto de vista. Tiene claro que debe mejorar las cuentas públicas (en el corto plazo y también intertemporalmente), bajar la inflación, poner a adelgazar al Estado. Para ello las nuevas institucionalidades fiscal y monetaria y la proyectada reforma previsional.

Pero también debe avanzar en una integración comercial que abra a nuestra economía al mundo, en modernizar las normas laborales, en mejorar la gobernanza de las empresas estatales y en procurar una mejor educación pública que propicie una mayor igualdad de oportunidades en nuestra sociedad. También debe ponerle el cascabel al gato en reformas micro económicas, lo que implica afectar a corporaciones, en sectores orientados al mercado interno, cuyos precios encarecen los costos de consumidores y exportadores.

Y debe también (quizá aprovechando las próximas rendiciones de cuentas) ir más rápido en bajar el peso de la mochila con la que carga la empresa privada: del escenario presupuestal no surgen menores costos impositivos ni tarifarios y tampoco se percibe un abaratamiento en dólares de un país que quedó muy caro. Bienvenidos los ajustes al régimen de promoción de inversiones y de residencia fiscal, pero con eso no alcanza.

Está claro que se trata de una agenda muy exigente, pero ella no es otra cosa que el resultado de mucho tiempo dormidos en los laureles, haciendo la plancha y generando lucro cesante.