El olvido de las políticas anticíclicas

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores

Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Desde todos —o al menos desde la mayoría—de los sectores políticos se ha señalado, en numerosas oportunidades, la necesidad de llevar adelante políticas anti cíclicas. Sin embargo, el reclamo de esas políticas ocurre solo cuando la economía atraviesa problemas de actividad y de empleo, cuando la economía se encuentra en receso y el desempleo aumenta.

La evidencia empírica muestra que cuando ocurre lo contrario y la actividad productiva crece a un ritmo superior al potencial o el empleo se encuentra por encima de su tasa natural, no existe el reclamo de políticas anti cíclicas para frenar ineficiencias en la producción, presiones inflacionarias y desequilibrios en la balanza de pagos o en su cuenta corriente. Por el contrario, aludiendo a necesidades insatisfechas, a inequidad distributiva y a otras razones vinculadas con objetivos políticos, las políticas —en realidad la política fiscal y la de ingresos—, se vuelven pro cíclicas.

Es decir que no se emplea de manera de acumular recursos para emplearlos cuando la situación cambie y se vuelva al receso y al alto desempleo. No se procede de acuerdo con la evidencia que se tiene y de lo que, hace muchos siglos, José recomendó al Faraón: guardar en los siete años buenos para usar en los siete años malos.

Antes del virus

En los años 2001-2002, Uruguay vivió una profunda recesión con aumento del desempleo. La crisis económica vale recordar, se debió en gran medida a la situación argentina por la congelación de depósitos y por su entonces aplaudida decisión de repudiar la deuda con sus acreedores locales y del exterior. Un problema que aún hoy no ha solucionado. Por el contrario, en Uruguay la refinanciación de las obligaciones del sector público uruguayo alejó la amenaza del incumplimiento del no pago de las deudas financieras del país y de inmediato la economía entró en una etapa de crecimiento económico con marcada estabilidad de precios.

El desempleo, que había subido a casi 19,8% comenzó una rápida reducción para llegar a 11,8% en febrero de 2005, un mes antes del inicio de una nueva conducción de gobierno.

Durante los primeros ocho años de la nueva administración de gobierno el desempleo continuó en baja y la inflación relativamente controlada. La crisis del 2008 en los países desarrollados desató una serie de medidas en el exterior —reducción de tasas de interés, políticas anti cíclicas para mejorar la situación—, y en los años siguientes las condiciones cambiaron significativamente.

Además de la baja tasa de interés que impulsaba el ingreso de capitales en los países emergentes, se produjo el aumento significativo, a sus máximos históricos, de los precios de los commodities exportables uruguayos debido a razones climáticas fundamentalmente. La situación argentina acentuó la expansión del agro en nuestro país y la situación brasileña ayudó también al crecimiento del PIB de Uruguay.

Entre 2008 y 2015, la economía uruguaya creció a tasas de entre 8,1% y 4%, bien por encima de la tasa potencial de crecimiento, lo que ayudó a un gran aumento de la recaudación fiscal, acentuada además, por la introducción en 2007 del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) y del impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS), así como otros ajustes impositivos. Los ingresos tributarios se multiplicaron por cuatro y los impuestos directos —a la renta y a la riqueza— pasaron de ser el 23% del PIB al 37%. Sin dudas un lapso de alto crecimiento, de bajo desempleo que llegó a estar en 5,1% de la población económicamente activa en algún momento de ese período, y de importantes acciones procurando mayor igualdad distributiva.

El narrado fue un período en el que hubo un clarísimo olvido del uso de políticas anti cíclicas. Todo lo que se recaudó, que como se viera reflejó la cuadruplicación de la recaudación de 2004, se gastó. Y aún más, pues el endeudamiento del sector público, solo el del gobierno central, se multiplicó por dos en diez años.

La evidencia empírica muestra entonces, que no hubo ahorro alguno para enfrentar contingencias adversas, como puede ser, no solo una recesión natural por circunstancias macroeconómicas internas o externas, sino una que pueda deberse a factores como el de la pandemia que azota al mundo y a nuestro país y que no entra en una etapa que levante la incertidumbre económica que desde hace ya catorce meses ha traído consigo.

Desde 2015 hasta febrero del año pasado la economía ha crecido por debajo de su tasa de expansión potencial, el empleo ha caído, y el desempleo ha aumentado y se ha situado levemente por debajo de febrero de 2005, pese al significativo aumento que ha habido desde entonces en el empleo del sector público.

Es en ese contexto económico que se presenta un factor tan inesperado como desconocido, en cuanto a su duración y efectos estimables sobre la actividad económica. Y es desde marzo del año pasado que se renuevan los reclamos para la aplicación de políticas anti cíclicas, no estrictamente keynesianas de mayor gasto público para realizar obras de infraestructura —algo que se insinúa a nivel gubernamental— sino de concesión de rentas mínimas a la población afectada económicamente por la pandemia.

La citada es una demanda que todos conocen que no se puede cumplir sin que no traiga consecuencias más dolorosas: freno al financiamiento externo e interno, aumento de tasas de interés y en definitiva, la imposibilidad de cumplir con lo buscado. Ya hay suficiente evidencia de que aún con las políticas fiscal y de ingresos pro cíclicas de los años de bonanza y pese al aumento de los impuestos directos que deterioraron el panorama para la inversión, no se logró sacar de su situación de manera permanente a quienes se deseaba apoyar.