Una nueva etapa en la política fiscal de Uruguay

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores

Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Aunque por alguna razón —tal vez política—, alguien puede negar que el problema macroeconómico central que vive nuestro país es el inflacionario, nadie puede desconocer que ese desequilibrio requiere más atención que el del nivel de actividad, pues hoy Uruguay crece por mayor consumo, por mayor inversión y por aumento de exportaciones.

Es para solucionar el problema del comportamiento alcista de los precios —que en buena parte es importado—, que se emplea desde hace ya un tiempo una política monetaria paulatinamente más contractiva, en un contexto cambiario de flotación del tipo de cambio y junto a una política fiscal que ha reflejado en sus resultados, también aspectos más contractivos. En definitiva, el diagnóstico hoy requiere seguir avanzando en la corrección inflacionaria de sus causas locales sin revertir la realidad del crecimiento productivo que se vive ni los resultados del comercio externo de bienes y de servicios. Obviamente, los esfuerzos de políticas para —respetando ese diagnóstico— procurar la corrección del aumento de precios, tienen que ver con los que ya se vienen dando: políticas monetaria y fiscal contractivas.

Muchos analistas políticos y sociales, sindicalistas y otros que revisan la situación social, pueden encontrar que hay otros desequilibrios, otros problemas además del inflacionario. Debo indicar, sin embargo, que no se trata de problemas de naturaleza macroeconómica sino de otro tipo, vinculados con causas de naturaleza social, educativa y hasta de falta de igualdad de oportunidades. Todos estos problemas no tienen características coyunturales, sino que son fundamentalmente problemas estructurales.

Problemas que no se pueden solucionar o tender a mitigar con políticas como las que hice referencia y que apuntan a la solución de los problemas macroeconómicos.

Rendición de Cuentas

Se acerca el momento durante el que, cada año, se discute a nivel parlamentario y con la conducción económica, lo actuado de acuerdo con el programa del equipo económico para el año inmediatamente anterior —en esta ocasión el de 2021—, y la propuesta para el del programa para el año entrante y los siguientes. Es altamente probable que el Ministerio de Economía y Finanzas comunique que sus propósitos son similares a los señalados por la conductora de la gestión económica del país cuando, hace un año, ante la Comisión Parlamentaria de Diputados, se refirió a lo que sería el programa para 2021.

En aquella oportunidad, indicó que el foco del programa no sería solamente apoyar a los sectores más vulnerables —en 2021, para atravesar la pandemia—, sino que en todo momento se mantendría una mira en la recuperación económica, en el aumento de la inversión y en las reformas de la agenda estructural, para tener crecimiento y poder ofrecer más puestos de trabajo. Añadió además, que el presupuesto para los siguientes años incorporaba más políticas sociales para apoyar a los sectores más vulnerables: niños en situación de pobreza, personas que viven en asentamientos y desocupados.

Los propósitos del programa incorporado en la Rendición de Cuentas se referían tanto a la contribución de la política fiscal a mejorar la situación macroeconómica —hace un año el problema central era el de la actividad económica, no la inflación— como también a aliviar problemas estructurales.

Tras el análisis de los resultados que se tuvieron al cabo del año 2021 y las coincidencias entre lo alcanzado y lo previsto en el programa presentado para el pasado, la conducción económica presentará el programa que lleva adelante este año, en el que el abatimiento inflacionario se ha vuelto relativamente mucho más necesario que impulsar el crecimiento.

La presentación del programa y su discusión a nivel legislativo general, se hará en un momento en el que desde el lado político hay presiones para mostrar, más que la funcionalidad macroeconómica de la política fiscal como auxiliar de la monetaria para el abatimiento inflacionario, su contribución para mitigar, aunque más no sea transitoriamente, problemas sociales. Hoy se ha comenzado ya a vivir un momento en el que, aparte del sentimiento político por la delicada situación de algunas personas, existe también un interés que surge y es diverso al de los dos primeros años de la administración política y su respaldo por la coalición multicolor, una asociación cuyos miembros no tenían tanto los ojos puestos en una elección que ocurrirá, dentro de tan solo dos años.

En función del carácter sumamente técnico y no político de la actual conducción económica, algo que ha demostrado en reiteradas ocasiones, pienso que su programa mantendrá como prioridad persistir en el empleo de una política fiscal que contribuya a abatir a la inflación pero, simultáneamente, procurando implementarla de modo de iniciar transformaciones de largo plazo que comiencen a corregir, aunque más no sea limitadamente al principio, ciertos problemas de naturaleza social.

Problemas que como en el caso de lograr un alcance más universal de la educación media o de lograr una mejora sustantiva en el área habitacional, llevarán muchos años de esfuerzos fiscales para llegar al objetivo final.

La revolución digital brinda la posibilidad de reducir el gasto público propiamente, así como, al aumentar la eficiencia laboral estatal, también reducir los egresos de caja —el gasto— por retribuciones de funcionario públicos, con menores contrataciones en la administración. Un programa como el señalado no puede menos que ser aprobado, cuando se reconoce que los problemas macroeconómicos —que son coyunturales— y sociales —que son estructurales—, no pueden ser solucionados instantánea ni simultáneamente.