“Minería recaudatoria”, lujo del infortunio

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¿El Gobierno fue oportuno en hacer un ajuste al cálculo del IRPF? Antes se le cuestionó la política tarifaria, a lo que se agrega que no se ven bajas en la presión tributaria, ni cambios en el marco de las empresas públicas que favorezcan al ciudadano. El Presidente Luis Lacalle Pou, oportunamente y el Gobierno luego de asumir, emitió señales para reequilibrar el balance Estado-Ciudadanos incluyendo la LUC. Veamos.

El Estado “primero”

En los últimos años, el Gobierno del Frente Amplio mostró un talante estatista, voraz recaudador, limitador de libertades, y, más allá de declaraciones oficiales, finalmente, esa combinación explosiva detonó en un cambio de Gobierno. Mostró apego a ciertos equilibrios, pero basado en aumento sostenido del gasto, sin ceder en su afán recaudatorio, exacerbado por despilfarro y abuso, ante la paciencia infinita de la sociedad.

La oposición depende mucho de los errores del Gobierno y en valorar, en perspectiva, los desatinos de su propia gestión. Obviamente, esto no invalida sus propuestas, pero obliga a remar contra aquel descrédito.

Perversión de fisco-controlador

La presión tributaria aumentó sostenidamente durante más de 4 años, para llegar a máximos históricos, desde 1985 (1) y, se advierte, una discriminación sistemática a la imposición de rentas en general y las del trabajo en particular. La presión fiscal aquí se duplicó en 10 años.
Estos tributos directos alcanzaban, hace un año, cerca del 40% de la recaudación de la DGI. De ese 40%, la mayor parte fue IRPF e IASS (60% aprox.), luego, el IRAE (cerca del 40%) y un porcentaje menor el de No Residentes e Imeba (2).

Si bien Uruguay no se ha caracterizado por épicas reformas del Estado (salvo puerto y seguros, y avances parciales en la modernización en los años ´90, con consolidación de paraestatales y tercerizaciones), lo que sí se ha logrado son reformas para mejorar la exacción de impuestos, precios y tarifas. Estas se llevaron a cabo de manera profunda y eficaz (DGI, BPS, Empresas Públicas e Intendencias, con ingresos vehiculares, contribución inmobiliaria y otros) (3).

A su vez, luego de ello y en el marco de dificultades crecientes (EE.UU.-2008, Europa-2012, Argentina-Brasil 2013/14), se comenzaron a disimular los horrores de la gestión, sosteniendo a rajatabla un equilibrio macro, por sobre todo otro objetivo, pervirtiendo el uso de tarifas públicas y transferencias para disimular tales latrocinios. A esto se suma el aumento de la carga tributaria mencionada, pero, no se volvió al equilibrio, sino a la ilusión del control (4).

Tampoco el esfuerzo se distribuyó equitativamente y esto debe corregirse. Hemos señalado en columnas anteriores que los programas y medidas de estímulo e incentivo, exoneraron de estos costos exorbitantes a algunos sectores y empresas, pero han generado inequidades y exclusiones. Ya en los ´90 estos desequilibrios se empezaban a advertir, pero con el tiempo se agravaron.

Luego de 30 años con este sesgo, merecen revisarse los mecanismos de promoción, las políticas sectoriales y las prioridades orientadas a la internacionalización del comercio y las inversiones, sin alterar las orientaciones globales que marcó el Gobierno.

En Uruguay, las reformas estructurales son más fáciles si son a favor de engrosar el poder del Estado y de los funcionarios y la capacidad recaudatoria. El Presidente tiene aquí un gigantesco desafío.

Capilaridad de incentivos

Los proyectos con economías de escala siempre acaparan los merecimientos en materia de beneficios, soslayando las ineficiencias de los Estados, pero la profundidad, diversificación y capilaridad de la actividad económica, que resulta del comercio y las inversiones de empresas (locales y externas) de menor tamaño, hacen parte de la fortaleza y solidez de una Economía.

Es la misma lógica de los mercados de capitales y resulta esencial generar ámbitos competitivos y, no solo, en el de grandes aglomerados. Por tanto, se vuelve necesario extender y equiparar los beneficios a más sectores y tipo de empresas, para que la economía se diversifique y los mercados sean más profundos, aumente el valor agregado local y otorgue mayores oportunidades de empleo.

Según Cepal, Uruguay fue el más perjudicado en este año atípico, por diversos shocks de oferta y demanda. El país no priorizó las ventas a la región que son las de mayor valor agregado y con participación de muchas pymes y ha visto afectada su capacidad de competencia.

Seguimos siendo dependientes de la economía regional por flujos de comercio, servicios e inversiones. Desde 2002 hemos ganado independencia, pero el país se resiente por las políticas cambiarias y monetarias, las barreras y trabas al comercio y al movimiento de capitales, igual seguimos subestimando el impacto que tienen nuestros vecinos y no se toman medidas al respecto (5).

Finalmente, el fracaso de la política comercial de Uruguay no colabora y es evidente que está enfrentando varios dilemas, con apuestas que hasta el momento no se cumplieron, no han dado resultado y tampoco se compensan con buenas noticias desde otros mercados.

El afán recaudatorio del Estado y de “guardarse para sí los comodines” en un equilibro de “dispares” no tiene límites y existe una fuerte pulsión a perpetrase. Deseamos que el Gobierno controle estas pulsiones. Es un hecho que, en administraciones anteriores, el Frente Amplio, fue pasando los límites de lo tolerable y pagó las consecuencias, por lo tanto, estar en guardia le será muy redituable.

(1) Considera tanto empresas como familias; ver informe de DGI tomado por El País, ene/2021, DGI Boletín Estadístico No.19, sobre la presión impositiva en Uruguay.
(2) A partir de 2017 se dio un paso más en un sentido equivocado, tras el ajuste que implicó suba deI IRPF y del IASS, reduciendo deducciones y con modificaciones en IRAE, así se llega máximos históricos, desde que existen registros (1985).
(3) Nada para vanagloriarse pero al fin y al cabo eficaces y por mucho.
(4) Ancap, luego del descalabro, designó un Gte. Gral. especializado, traído del exterior con experiencia en el sector, dejando de lado la peregrina idea del Ing. Martínez, de responsabilidades compartidas, con la consiguiente pérdida de control y que llevaron a imponer una lógica perversa.
(5) La pérdida de capacidad de competencia regional es determinante todavía y no se compensa con el desempeño en otros mercados