A un mes de la Rendición de Cuentas, cuáles son los desafíos

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El 30 de junio es el último día que tiene el Poder Ejecutivo para elevar al parlamento la Rendición de Cuentas. En la rendición, además de evaluar el cumplimiento de los objetivos planificados para el año culminado, se realizan las modificaciones presupuestales. Las medidas tomadas en los pasados tres meses anticipan la estrategia de política económica llevada a cabo por el gobierno en la primera mitad del año para: la contención de la inflación, la recuperación salarial y el combate de la pobreza. En tanto, la rendición nos permitirá conocer la estrategia que tendrá el gobierno para el segundo semestre del año para estos objetivos.

Esfuerzos realizados e impacto fiscales asociados

En el contexto internacional de mayores presiones inflacionarias globales, el gobierno ha tomado medidas para intentar mitigar los impactos.

El primer paquete de medidas sucedió en el mes de marzo. Las acciones tomadas apuntaban directamente a contener los precios de la canasta básica de alimentos. Entre las medidas anunciadas se encontraba: la eliminación del IVA mínimo de 10% sobre algunos alimentos básicos (asado, productos panificados, fideos y derivados), congelar el precio de los huevos y flexibilización de barreras para la importación de carne y pollo. Estas medidas fueron de un alcance muy específico y su efectividad para la contención de la inflación de manera sostenible es limitada. El costo de las medidas fue de aproximadamente US$ 5 millones (US$ 1 millón por cada mes de la rebaja en el asado y de US$ 3 millones para el caso de los panificados, pastas y derivados).

El segundo paquete fue anunciado por el gobierno el 18 de abril, y refirió al aumento de 3% en las remuneraciones de jubilados y pensionistas y de 2% en el salario de los funcionarios públicos. Los dos incrementos se otorgarán a cuenta del próximo ajuste anual, y entran en vigor el 1 de julio de este año. El objetivo específico de estas medidas fue dar respuesta la pérdida de poder adquisitivo.

En concreto, en los últimos dos años el aumento nominal de los salarios no pudo alcanzar a la inflación, resultando en una caída del salario real. Desde el inicio de la pandemia, marzo de 2020, a marzo de 2022, la caída del salario real fue del 4%. Asimismo, se convocó al sector privado a adelantar los ajustes por inflación. Si bien el objetivo de esta decisión es la mitigación de las consecuencias del fenómeno de la inflación, 5565 son medidas indexatorias que resultan resistentes al proceso de baja de los precios.

Asimismo, si bien contradictorias con algunas otras señales (las antes mencionadas, y los esfuerzos de política monetaria) eran esperables, e iban en línea con los compromisos explícitos del gobierno de la recuperación del salario real. Este adelanto del incremento de las remuneraciones tiene un costo fiscal de US$ 120 millones (US$ 30 millones para salarios y US$ 90 millones para jubilaciones). El tercer paquete de medidas fue anunciado por el gobierno el 17 de mayo y apuntan a la población más vulnerable. Los anuncios fueron: (i) el incremento del 4% en asignaciones familiares y Tarjeta Uruguay Social, para unas 850.000 personas, (ii) refuerzo del bono crianza de 1500 pesos mensuales a niños de cero a seis años, para 130.000 mil niños, (iii) descuentos de IVA a quienes cobran asignaciones familiares a través de TuApp, (iv) subsidio al empleo temporal (4 meses) de hasta 5 mil pesos por trabajador que se contrate que no haya tenido trabajo formal en el último semestre, dirigido a personas de 30 a 44 años, (v) congelamiento del precio del supergás y rebaja del 50% en tarifa de la recarga a beneficiarios del Mides, beneficio que alcanza a un millón de personas, y (vi) reducción de aranceles para importación de aceites y harinas, y en la tasa del LATU para importación de alimentos.

El objetivo de estas medidas fue mitigar el impacto de la suba de precios que tiene efectos desiguales en la población y por ello el foco estuvo en la población vulnerable. Según los últimos datos publicados por el INE, la pobreza presentó una caída en 2021 en el promedio anual con respecto a 2020, pero se encuentra aún por encima de los niveles previos a la pandemia. Concretamente, el índice de pobreza indicaba que en 2019 el 8,8% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza, en el año 2020 la cifra incremento al 11,6% y en 2021 disminuyó al 10,6%. Según fue anunciado por el gobierno, el costo total de estas medidas será de entre 40 y 50 millones de dólares.

Por último, la cuarta acción que ha tomado el gobierno fue la de no ajustar plenamente los combustibles. Desde noviembre del año pasado que el Poder Ejecutivo ha decidido apartarse de la recomendación de la URSEA. Esta decisión de aumentar los combustibles por debajo de los costos —el precio del gasoil esta 11% por debajo del PPI y la nafta un 2%— implica una pérdida que asume Ancap. Esta renuncia fue relevante para el 2021. Según estimaciones realizadas por el CED, la renuncia fue de casi US$ 200 millones de dólares en 2021 (US$ 46 millones para el caso de la nafta Súper, US$ 59 millones del gasoil y US$ 93 millones del supergás). Para el año 2022, se espera que esta renuncia sea aún mayor. Según declaraciones del gobierno, el costo para el caso de los combustibles en estos cuatro meses fue de US$ 60 millones (2 en febrero, 10 en marzo, 29 en abril y 19 en mayo); a estas cifras debe añadirse el costo de las medidas tomadas en mayo sobre el precio del supergás.

Impacto fiscal de las medidas tomadas

En resumen, si consideramos todas las medidas tomadas por el gobierno desde marzo a la fecha, el costo de las mismas es de aproximadamente 235 millones de dólares. Estos recursos representan aproximadamente 0,5% del PIB proyectado para 2022, mientras que el total de los egresos del gobierno central -BPS se proyectan en 29,3% del PIB.

Decisiones de cara a la próxima rendición de cuentas

Desde el gobierno se ha manifestado su fuerte compromiso por la disciplina fiscal, basada en una gestión macroeconómica prudente dentro del marco basado en regla fiscal. Si bien la situación fiscal ha mejorado, el compromiso para 2022 es desafiante. En este sentido, el gobierno ha declarado que se seguirá con un plan “gasto cero” manteniéndose firmes en los objetivos del equilibrio de las cuentas públicas y consistencia entre la política fiscal y monetaria.

Sin embargo, en las medidas analizadas el gobierno adelantó algunos ajustes para mitigar el impacto de la inflación. Será clave conocer en la Rendición de Cuentas que el Ejecutivo enviará al Parlamento, si existirán más ajustes en este sentido para el segundo semestre del año. Es esperable que se establezcan la continuidad y el refuerzo de políticas que atienden a la población vulnerable, y el abandono de las políticas que no son focalizadas. En definitiva, la respuesta del gobierno al aumento de la pobreza debería estar comprendida en la próxima Rendición de Cuentas.

(*) Sofía Harguindeguy. Gerente del Área de Consultoría Económica de Grant Thornton Uruguay y Paraguay.