Hacia un mercado en competencia

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores

Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Es sumamente curioso que aún se defienda a empresas monopólicas en nuestro país —como OSE o Ancap—, cuando la evidencia empírica a nivel internacional —e incluso local—, muestra que los mercados competitivos son los que más protegen a los consumidores y productores y los que más aportan al bienestar de la sociedad. Muchas son las razones que pueden estar detrás de la defensa de los monopolios, pero todas superables por los beneficios que se dan tras su supresión.

Transferencias y costos

Una empresa monopólica —un monopolio—, es la que enfrenta la totalidad de la demanda que hay en el mercado por el producto que elabora, fabrica y vende. Sin productos sustitutivos a disposición de los consumidores, la empresa monopólica fija un precio que es superior al que existiría en un mercado en el cual la elaboración y venta del producto las realizan numerosas empresas.

Si el monopolista deseara vender más, debería bajar el precio que cobra; si deseara cobrar más, debería reducir la cantidad del producto que ofrece en el mercado. En el caso de una empresa en competencia con otras, si deseara subir su precio quedaría fuera de mercado ya que las otras seguirían vendiendo al mismo menor precio. Una empresa monopólica es, para los consumidores del producto del que se trate, tan inconveniente como indeseable, ya que deben pagar más para consumir —entre todos— una cantidad menor a la que comprarían a un precio menor, en un mercado competitivo, con numerosas empresas produciendo el mismo bien.

Lo expresado implica que en un mercado monopólico existe una transferencia de ingresos de los consumidores a la empresa monopólica: pagan más por recibir menos. Pero también implica que existe un costo para la sociedad que nunca se menciona. En efecto, al producir para vender menos y a un precio mayor que al que lo harían todas las empresas en competencia, el monopolista usa menos recursos, menos insumos, menos mano de obra y menos cantidades de otros factores productivos, no innova y no invierte en la medida en que sí ocurriría si el mercado fuese competitivo. Más aún, al vender a un precio mayor que el que regiría en un mercado en competencia, provoca externalidades negativas —efectos de segundo orden—, sobre los consumidores de su producto. También sobre los consumidores finales, porque se afecta a la baja su bienestar aunque más no sea marginalmente y sobre quienes lo usan como insumo, porque se limita la producción de estas empresas.

En resumen, el monopolio provoca transferencias de ingresos de los consumidores al monopolista que no son justificables y además, provoca costos para la sociedad que se materializan en menor consumo, menor inversión y menor producción que la que existiría en un mercado en competencia. Esos efectos son peores aún, cuando el monopolista es discriminador, es decir, cuando cobra diferentes precios según las cantidades demandadas de su producto —verbigracia, OSE, UTE—.

Si el monopolista cobra un precio mayor que el que se cobraría en un mercado con numerosos competidores y provoca esas transferencias de ingresos y los costos mencionados, ¿por qué no entran nuevas empresas a competirle? La respuesta es sencilla: porque está prohibido por ley el ingreso de otras empresas al negocio. Si no estuviera prohibido el ingreso de competidores por el incentivo que genera la sobre ganancia del monopolista, el mercado se volvería de competencia como ha ocurrido en numerosas ocasiones —verbigracia, el de seguros, el de las comunicaciones— y hasta con monopolios transitorios no favorecidos por una restricción, legal o de otra naturaleza. Si no hay restricción legal al ingreso de competidores y no hay productos cercanos sustitutivos del que produce el monopolio, entonces se asegura su existencia indefinida. Hasta que haya un levantamiento de ese statu quo.

Proyecto

En el proyecto de ley de urgente consideración que se discute en estos días, se propone el levantamiento de la prohibición legal del ingreso de competidores a la empresa que hoy tiene el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo conferido por la ley No. 8764 de 15 de octubre de 1931: Ancap.

Las reacciones han sido diferentes, contrapuestas, favorables a la iniciativa y contrarias a la libertad que confiere el proyecto, en caso de aprobarse. Es comprensible la reacción favorable de productores que encuentran posible la reducción de sus costos de producción en caso que, en algún momento, se formalice un mercado en competencia debido al ingreso de nuevos participantes en la venta de combustibles. Y las de consumidores expectantes de una rebaja de los precios que hoy pagan y que superan a los de muchos del exterior.

Pero es también comprensible —aunque de ninguna manera compartible— el rechazo al proyecto por parte de algunos sectores. Por razones políticas o de alguna otra naturaleza, entre otras, por proteccionismo, de quienes trabajan en la empresa estatal y en todas las demás que ésta posee y que no estaban en el espíritu del legislador en 1931.

En la discusión parlamentaria a partir de marzo estarán, por un lado, quienes procuran mantener el statu quo, la situación que según jerarca de la institución no cambiaría por el ingreso de competidores. Y por otro, quienes procuran la desmonopolización del mercado de combustibles para generar un entorno de costos menores para productores del agro, empresas industriales y de servicios y de precios de combustibles más bajos para consumidores, con su repercusión inmediata sobre una mayor demanda agregada de la economía, como ocurriera con desmonopolizaciones anteriores.