Inflación: ¿por qué esta vez sí?

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La variación del IPC en los 12 meses a abril (6,8%) entró en el rango objetivo del BCU (5% más y menos 2%). Esto es una excepción a la regla: sólo ocurrió en 14 de las últimas 60 observaciones, en ninguna de las 60 anteriores y en 22 de las 60 anteriores a ellas. 36 veces en 180 meses da un magro 20%. Por otro lado, estuvo 38 veces por encima del 9%. O sea que, en los últimos tres lustros, la mayoría del tiempo (casi el 60%) la inflación estuvo en lo que alguna vez Mario Bergara, siendo presidente del BCU, definió como “zona de confort” (lo que para él no estaría tan mal dado que se trata de un concepto con indudable connotación positiva) y que yo interpreto como el rango entre 7% y 9%.

Ahora resulta que el BCU admite que las expectativas se anclaron en esa zona, pero que eso en realidad es un problema. O sea, ahora parece que no era tan confortable. Si es cierto aquello de que “los hombres pasan, pero las instituciones quedan”, se entiende por qué las expectativas son hoy día reacias a encontrarse con los nuevos propósitos del BCU, como se verá más adelante.

Dos apuntes con respecto al “logro” de abril. Uno, la fuerte reducción registrada en la variación interanual del IPC en marzo y abril se debió más a lo que sucedió en esos meses del año pasado que a lo que ocurrió en los de este año. Los impactos del salto de 14% en el dólar en marzo y del “tarifazo” de abril de 2020 salieron de la cuenta del año móvil. O sea, meros efectos aritméticos. Dos, precisamente por cuestiones como esas, los economistas solemos utilizar la definición de “inflación subyacente”, que surge de excluir de la canasta del IPC a rubros con precios volátiles o en los que suele haber injerencia política. En el caso de la definición que yo utilizo, la inflación subyacente de los últimos 12 meses es un punto mayor que la del nivel general de precios, 7,8%.

A todo esto, ¿qué dicen las diferentes encuestas de expectativas que se relevan entre economistas y empresarios? La del BCU (de abril), que consulta economistas, arroja una inflación esperada de 7,08% para 2021, 6,95% para 2022 y 6,00% para 2023. La del INE (también de abril), que reúne las de empresarios, apunta a 9,0% en 2021 y 8,5% en los 12 meses a marzo de 2023. Por último, la encuesta anual de la consultora Exante, también a empresarios y recientemente divulgada, señala tasas medias esperadas de 8,0% en 2021 y de 7,3% en 2022.

Esas expectativas divergen de las metas del BCU, que del actual rango se bajará a uno más angosto (de entre 3% y 6%) a partir de septiembre del año próximo. Cabe recordar que en la Ley de Presupuesto se asumió una inflación de 3,7% para el año 2024. Y también cabe tener presente que actualmente nuestro país está en el quinto de países con más inflación en el mundo, lo que vuelve relevante intentar aterrizarla como parece que ahora sí se propone el BCU.

Ahora vayamos a la pregunta del título, ¿por qué esta vez sí?, ¿por qué esta vez se debe creer que la inflación bajará a niveles “normales” y que las metas se cumplirán?

Recientemente le planteé esa misma pregunta al director de la OPP, Isaac Alfie, en una entrevista que le realicé para el podcast “Nominal” de la UCU. Me dijo que “nadie puede asegurar que esta vez sí y por qué. Todo va a depender del grado de desindexación que se logre de la economía, porque al final si no se logra desindexar y se quiere forzar la inflación, sin dudas se la va a terminar forzando a mediano plazo, pero a costa de una caída muy grande en el nivel de actividad y, por supuesto, con el tipo de cambio real más deteriorado. Eso afecta la competitividad, pero en definitiva se afecta el empleo y el salario de la gente. Todo va a depender de la coordinación en materia de desindexación, que hasta ahora ha funcionado bastante bien”.

Resulta interesante el destaque que hace el director de la OPP acerca de los beneficios de la desindexación sobre la baja de la inflación, al mismo tiempo que no menciona explícitamente eventuales beneficios de la política monetaria en ese sentido y sí, implícitamente, sus eventuales perjuicios sobre la actividad y el tipo de cambio real.

Desde febrero del año pasado hasta abril de este año, la inflación bajó en un punto y medio pero la subyacente es la misma. O sea que estamos como al principio. En el medio hubo de todo y de ambos signos: salto en el tipo de cambio, año puente, políticas fiscal y monetaria expansivas, y todo en el marco de la crisis del virus con sus impactos en oferta y demanda.

Se viene una nueva ronda de negociaciones salariales sobre la que muy poco se sabe, salvo que hubo una pérdida real debida a la caída del PIB en 2020 que se ha prometido comenzar a recuperar desde enero próximo. Mientras tanto, no se esperan cambios en la política fiscal y el BCU ya se apresuró a anunciar que hará más contractiva la política monetaria. Esto en el marco de una actividad económica que sigue por debajo del nivel pre crisis y que el consenso apunta a que crecerá muy poco este año (2,7% partiendo de un arrastre estadístico de 2,2%).

Para responder la pregunta del título, yo también pongo el énfasis en lo que ocurrirá con las negociaciones salariales y no en lo que vaya a hacer el BCU.

Y comparto la preocupación acerca de que se quiera “forzar” la inflación a la baja independientemente de lo que ocurra con las otras políticas. Si se pretende que sólo cinche la política monetaria, vamos a ver una nueva temporada de una serie cuyo final conocemos.