Hay que abrir y jerarquizar el debate de ideas para el largo plazo

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El Comité Fiscal Asesor (CFA), divulgó su evaluación acerca de los primeros hitos de la nueva institucionalidad fiscal en el país. Ana Fostel, designada por el MEF el 29 de septiembre de 2021 en el CFA junto a sus colegas Alfonso Capurro y Aldo Lema, afirmó que el Comité Fiscal Asesor recibió la información en forma transparente y en los tiempos adecuados. “No encontramos debilidades, pero sí cuestiones a ajustar”, indicó, en relación con el Comité de Expertos y el cálculo del PIB potencial o el resultado fiscal estructural. La disparidad de las respuestas de los expertos a la hora de estimar el PIB potencial, a su juicio, no es una mala noticia. “La heterogeneidad es algo deseable”, subrayó. Fostel es partidaria de un llamado amplio para incrementar la participación de expertos, no solamente en las estimaciones, “sino para un necesario debate en temas de crecimiento y desarrollo”. Destacó que determinados consensos alcanzados en el país en las últimas décadas permiten trabajar sobre una base sólida. A continuación, un resumen de la entrevista.

—En las evaluaciones que realizó el CFA, se observan varias recomendaciones y sugerencias, relacionadas con los indicadores publicados y también con el comité de expertos. ¿Debe entenderse que encontraron debilidades en la información recibida?

—Nuestro rol es justamente dar sugerencias y recomendaciones para que estas cosas sean mejoradas a través de tiempo. En este primer informe planteamos un abanico muy amplio de sugerencias y recomendaciones a tomarse a lo largo del tiempo para mejorar varios aspectos. No son debilidades, es el inicio de un camino y somos los responsables de hacer que estas cosas salgan cada vez mejor, de forma más robusta y sólida.
No estamos creando nada de cero, porque tenemos muchas experiencias, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, de cómo estas reglas fiscales y consejos fiscales trabajan. Pero acá lo estamos haciendo por primera vez, por tanto, no sería muy realista esperar que no hubiera espacio para mejoras técnicas, metodológicas, de funcionamiento institucional. En ese camino, vamos a convocar a charlar y debatir ideas a muchos economistas que hay en Uruguay, técnicos expertos en esta área. Es un camino que empezamos a transitar.

—¿Hay algunos aspectos a ajustar que entiendan conveniente poner en primer orden en las próximas etapas?

—El objetivo de este primer informe era dar una visión muy general acerca del tema. No es un terreno sencillo, hay muchos debates técnicos y académicos sobre estos asuntos. Creo que es un poco mi rol en este consejo traer esta literatura y afinar el lápiz. Tenemos una segunda instancia en junio, y creo que el comité de expertos es algo en lo que tenemos que trabajar. Cómo funciona, sus interacciones, la transparencia de los datos, etc. Esta es la primera vez que se hace una cosa de este tipo. Salió muy bien, pero por allí podrían ir parte de las recomendaciones que damos. También, cuestiones metodológicas de PIB potencial, brecha de producto, resultado fiscal estructural... hay un montón de cosas para ajustar.

—Algo que llama la atención en el Comité de Expertos es la disparidad de las estimaciones. ¿Es relevante que ello suceda?

—Primero que nada, el PIB potencial que resulto del comité de expertos, de 2,1%, está en línea con cualquier otro cálculo existente. Es cierto que hay heterogeneidad en las estimaciones. Al hacer un análisis desglosado de este resultado, podemos ver que el producto potencial va desde 1,3% hasta 5,6%. Si uno saca los extremos y todo lo que represente desviaciones demasiado grandes, el promedio nos da 2,5%, otra vez en línea. La heterogeneidad en los insumos no es necesariamente mala. Lo importante es tener la capacidad de interpretar conceptualmente y saber entender de dónde viene este dato. Nuestro informe trae algunas recomendaciones que deberían adoptarse en los tiempos que sean prudentes y factibles. Si uno piensa que todos los expertos parten de la misma base de datos o se puede profundizar instancias en donde se discutan aspectos metodológicos, esto permitiría homogeneizar supuestos e inclusive tener la posibilidad de hacer un intercambio. Pero sobre todo, la heterogeneidad que sobreviva va a ser la que corresponda a las distintas visiones.
Cuando uno habla de PIB potencial, es importante tener claro que se trata de algo que no es observable. No lo es hoy, ni lo será con el diario del lunes. En concreto, si no hubiese heterogeneidad, me preocuparía. Pero ahí hay un camino claro de mejora, en el que necesitamos instancias de discusión, supuestos, etc.

—Nueve son los expertos que entregaron estimaciones para este trabajo. ¿Es recomendable contar con más profesionales participando?

—Fueron once los que aceptaron originalmente la propuesta. A último momento, se bajaron dos. Es absolutamente fundamental llegar a un número más alto. En el marco legal se planteó un máximo de 15, pero justamente una de las recomendaciones que hacemos en el informe es la de generar un registro abierto de los expertos y profesionales idóneos, tanto residentes como no, que pueden generar insumos importantes para este trabajo. Cuánta más gente participe, mejor. Ese es el desafío.
No solo es importante para para calcular el PIB potencial o el resultado fiscal estructural, se trata de generar una masa crítica donde estemos pensando en temas estructurales, que tienen que ver con el desarrollo de políticas económicas de largo plazo. Es algo que va más allá de las reglas y sería muy bueno para el país.

—¿Consideran necesario impulsar el intercambio entre academia, público y privados?

—Sin dudas. En el país de donde yo resido (EE.UU.) este intercambio se da todo el tiempo. Estas mediciones son insumos importantes para los gobiernos, también para los privados; la academia participa y de esos debates salen siempre mejoras y sugerencias de cómo hacer las cosas mejor. Es muy importante para Uruguay que se empiecen a generar instancias de debate donde se pueda hablar de todos estos temas. Creo que el comité de expertos va a tener ese ese derrame, no solamente para la regla fiscal y cómo la estamos implementando, sino para todo lo relacionado con el desarrollo del país y el vínculo con la sociedad.

—La estimación de PIB potencial, más allá de ser una referencia importante para la definición de la estrategia fiscal, es también un insumo valioso para pensar en clave de crecimiento y desarrollo…

—Sin dudas. Detrás de esta estimación, ponemos el ojo en temas como la inversión y la calidad de esa inversión, en la fuerza de trabajo, en la población económicamente activa, en la calidad de esa fuerza de trabajo, en qué tan eficientes son estas cosas combinadas. Parece todo muy técnico, pero la clave está en la mirada a largo plazo. Y cuando uno tiene una mirada de largo plazo, no solamente en temas fiscales, es cuando empieza a pensar.

—¿De qué forma piensan avanzar en transparencia de la información y una mayor comprensión por parte de la sociedad?

—Creo que empezamos bien, tenemos actas, toda la información colgada en la web. Hacia adelante, es transparencia en los procesos, las metodologías, los datos. Los tres integrantes del Comité Fiscal estamos convencidos de nuestro rol, de que la gente pueda entender estos conceptos y por qué es bueno para el país. En el comité no estamos para hacer política fiscal. No somos los que decidimos lo que se gasta ni cuánto se endeuda el país. Esas son decisiones políticas tomadas por los gobernadores electos democráticamente. Lo que nosotros hacemos es, valorar y evaluar gestión, evaluar metodologías y hacer que todo esto sea transparente para que la gente lo entienda. Hay mucho trabajo por delante.

—En Uruguay parece haber importantes consensos acerca del concepto de “sostenibilidad fiscal”, entre los profesionales de la economía y hacedores de política. ¿Puede considerarse un activo valioso, que facilita el camino?

—¡Sin dudas! Llevó mucho en el mundo lograr consenso sobre mucho de estos temas. En Uruguay tenemos un activo muy importante en consensos sobre temas como la responsabilidad fiscal. Claro que el diablo está en los detalles. Hay mucho debate, pero también puntos de concordancia. Y en ese aspecto creo que debemos para aportar también desde el consejo fiscal. Tenemos posibilidades de debatir con mucha altura, hay muy buen capital humano en el país.

—Aún se escucha hablar del Banco Central como organismo subordinado al área económica. ¿Falta trabajo aún para internalizar la consideración del BCU como una institución con mayor autonomía?

—Exacto. Hoy existe consenso de que es una buena idea que los bancos centrales tengan determinada autonomía. Es el caso del Banco Central Europeo y la Reserva Federal de los EE.UU. ¿Por qué? Porque la política monetaria es muy distinta a la política fiscal. La política fiscal hay que votarla. Pero si la política monetaria, por ejemplo, se va a ocupar de la estabilidad de precios, es un objetivo tan acotado que se puede poner técnicos a su frente.
En Uruguay y en Latinoamérica toda, este consenso no es tan sólido. Y creo que es bueno caminar en esa dirección. De todos modos, nada es puro. No hay Banco Central totalmente independiente en el mundo y lo hemos visto en diferentes momentos. Desde el punto de vista de Uruguay, creo que es muy importante llegar a esa distinción y entender que determinada independencia técnica en la política monetaria es muy buena cosa.

—En Chile, se evaluó como “una debilidad” de la regla fiscal cierta rigidez que quedó expuesta ante la pandemia. Hoy hablan de incorporar cláusulas de escape y senda de convergencia. ¿Esas dinámicas están previstas en el modelo uruguayo?

—En el terreno de la política fiscal hay una tensión que ha sido muy estudiada: “reglas versus discrecionalidad”. La regla ata las manos y si hay que romperla, se pierde credibilidad. Si hay demasiada discrecionalidad, los ciclos electorales y las políticas procíclicas terminan con la regla. ¿Cómo se ha resuelto esta tensión? En 2016, el FMI ya contaba 39 consejos fiscales en el mundo. Chile ha sido un precursor en estos temas en Latinoamérica. En el caso uruguayo teníamos una regla fiscal desde 2006 que ponía un tope de deuda, pero la regla y el tope se cambiaron muchísimas veces.
¿Qué se añadió ahora? La nueva institucionalidad fiscal tiene una regla que es un tope de endeudamiento con una cláusula de escape que permite subir un 30% en casos excepcionales, como ya se aplicó con la pandemia. Además de la regla con la cláusula de escape, hay otros pilares. El resultado fiscal estructural y el tope de gasto que no puede superar el incremento del PIB potencial. Ahí está la mirada de largo plazo. Y también instituciones, como el comité de expertos, el comité fiscal asesor… toda una institucionalidad que se ha desarrollado en base a las experiencias de otros que lo hicieron antes, que atienden la tensión de la que hablábamos entre regla y discrecionalidad.

Pero la regla no puede ser algo rígido. Vale decir que no hubo regla en el mundo que no activara una salida de escape después de la irrupción del Covid.