Una gran oportunidad para el agro

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Para ello se necesitará operar con las políticas sectoriales para desbrozar el camino de la inversión y concretar en el campo las expectativas favorables derivadas del clima de negocios actual y especialmente para reducir los costos de producción que dependen de decisiones internas, dado que el movimiento de precios internacionales nos es ajeno.

Por otra parte, la aprobación de la Ley de Urgente Consideración está dando pie, en algunos de los nuevos criterios que incorpora, para emprender reformas sectoriales largo tiempo demandadas. Las oportunidades pasan al menos por los puntos que siguen, escritos sin orden de importancia.

Paridad de importación

La LUC de hecho plantea que nadie deberá pagar el gasoil más allá del precio de paridad de importación. Yo creo que al menos por un tiempo, deberíamos señalar que cualquier insumo debe ser alcanzado por este principio, ya que no encuentro ningún fundamento como para que se aplique solo al combustible. Cualquier insumo con registro en la región, se debería poder importar sin registro nacional. Es bien sabido que el sinnúmero de trámites y registros de plaguicidas en general —herbicidas, insecticidas, fungicidas— así como de productos veterinarios y fertilizantes, representan no solo un costo injustificado —se pone una regla y se cobra por aplicarla— sino que proporcionan al que alcanza esa aprobación, ese registro, una especie de monopolio, de poder de mercado frente a la importación del mismo insumo desde la región. Este cambio reduciría varios precios mejorando la competitividad. El MGAP lo puede lanzar y además fundamentarlo en la emergencia y en la analogía con el gasoil.

Nada obligatorio

La reforma de la ley de inclusión financiera establece un principio que es válido no solo para ella sino para tantas medidas establecidas para muchas cosas que son muy buenas en el ámbito voluntario, libre; pero que lo malo es que son obligatorias. Acá entran múltiples regulaciones, trámites y permisos y en especial la obligatoriedad de los planes de uso y manejo de suelos.

Si en tiempos de pandemia y necesidad de reactivación fuerte, se privilegian los cationes o la materia orgánica del suelo frente a la necesidad de actividad y empleo, estamos locos. Al menos por un año, todo aquel que tenga ganas de sembrar algo, aunque sea en Vichadero o Caraguatá, que lo haga, que el país lo necesita (y no le va a pasar nada al suelo). Además, si en este contexto el MGAP sale a multar a alguien por esta ley para mí equivocada desde su concepción inicial, simplemente se va a incinerar.

En un contexto de pandemia, multar a alguien por trabajar, aunque sea con algo de desprolijidad, es imposible de aplicar. También en esta situación, obligar a sembrar semillas certificadas como hoy ocurre en algunas forrajeras, está fuera del contexto de la situación de crisis. Que la gente siembre lo que le parezca mejor y que en lugar de prohibir, haya manuales de buenas prácticas, charlas, pero obligatorio nada, al menos en la emergencia (recordar que hay hasta GPS en las mesas clasificadoras de semillas para controlarlas).

Por otra parte, si se ha apelado a la libertad responsable de la gente para cuidar su salud y la de sus semejantes, con tan buen resultado, imponer por ley el cuidado del suelo en campo propio me parece ridículo y descontextualizado de la lección de responsabilidad que está dando la gente.

Y esto lo extiendo también a la trazabilidad, no en su implementación sino en su obligatoriedad, que lleva hoy además a una serie de travesuras y absurdos que la desmerecen, porque no se puede obligar a lo que no se puede controlar: es éste un principio sobre la actuación del Estado que es válido no solo para la cuarentena sino para todo.

Los costos institucionales

La promoción de la austeridad, el ejemplo de reducción de los salarios públicos, o de la suspensión de obras en el Ministerio de Turismo, o lo ocurrido en Antel, debe llegar al MGAP para tomar medidas que de él dependen, como ocurrirá en otros ministerios. Si en este contexto, con 3% de caída del PIB se siguen gastando 22 millones de dólares por año en INAC y 42 millones en INIA, o lo que sea en Inavi o Inase, no se estaría a la altura de las circunstancias.

En concreto, creo que se les debería indicar una meta de reducción de su presupuesto a todas estas personas de derecho público no estatal con fuentes propias de financiación, por ejemplo 30 % en 5 años. Todo esto serviría para ganar en autoridad moral, es mucha plata y contribuiría a una reducción del gasto que se empieza a encarar.

Ley de Agrocombustibles

Si no se la quiere derogar, al menos hay que suspender la obligación de mezclar por 6 meses o un año. Hay que ver que ALUR está proponiendo un plan canola para seguir con el biodiesel en momentos en que el petróleo no vale nada. Es absurdo. Hay que recordar que en el precio del gasoil está el sobreprecio de Ancap, pero están también el subsidio del boleto y la obligación de mezclar. Hace unos días el ministro de industria estimó en 100 millones de dólares el costo que tiene para los usuarios de los combustibles esta locura de la obligación de mezclar y la situó en 100 millones de dólares por año, es decir un Antel Arena al año: un escándalo, que además supuso prohibición de importar, obligación de venta a Ancap si alguien produjera biodiesel con mil permisos previos, restricciones, etc.

Créditos

Como es sabido, el gobierno trabaja en opciones para mejorar la liquidez de los bancos para incrementar su posición prestable. Hay ya varias iniciativas en curso en las que el MGAP debe estar presente en su discusión, por ejemplo, el fideicomiso de carteras, que pueden empujar para que aquel que esté dudando en plantar, si es por falta de recursos (quizás solo en la agricultura) no deje de hacerlo.

No más policía

Creo que el MGAP debe combatir la imagen que tengo yo, que dicho ministerio hoy es parte del sistema de policía tributaria, de suelos, de medio ambiente, etc. Cómo me gustaría que el Ministerio dejara de ser un instrumento para que cobren la DGI o las Intendencias, o el propio ministerio o la Dinama, o que salga a sancionar en vez de intentar convencer.

Lo que ocurre con el impuesto municipal, para el que el MGAP es parte de la policía tributaria, llegando a no vender guías a quien no está al día con las intendencias, es parte de un enfoque policíaco debe terminar.

La granja

No alcanzo a comprender la creación de un instituto para la granja. No hay instituciones representativas de la granja y un nuevo instituto solo va a lograr, como el Inavi, detener el comercio regional en beneficio de los representados en el instituto, pero no del ciudadano de a pie.

En un contexto de dificultades económicas y de empleo, como están pasando muchos uruguayos, parece muy duro seguir con una granja encerrada, en beneficio de unos pocos, a partir de trabas no arancelarias escandalosas —el Afidi— con la mayor desaparición de productores de la historia. Aquí hay que ir a un esquema arancelario diferente, pero hay que salir de la protección actual a dedo, a través de la “administración” de certificados sanitarios.

Creo que el agro espera un liderazgo de este tipo de cosas. Y somos optimistas que va a ocurrir.