El gobierno “arregla” un problema pero crea otro por tener más reservas

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Desde que fue lanzado el dólar soja, las ventas por este concepto por parte de los exportadores llegaron a los US$ 5.000 millones; esto significa que la expansión monetaria por compra de dólares soja es de aproximadamente $ 1 billón, pesos que nadie quiere y cuya expansión representa un aumento del 25% de la base monetaria en tan solo 15 días.

Claro que también hubo ventas de divisas por importaciones y otros conceptos, con lo cual el BCRA queda, hasta el momento de redactar este nota, con unos US$ 2.792 millones de saldo positivo.

La expansión monetaria concentrada en menos de un mes desde que comenzó el dólar soja, produjo una emisión de moneda que, como señalaba antes, es moneda que la gente no quiere. Esta expansión monetaria obligó al BCRA a acelerar la colocación de Leliq y Pases Netos.

Al día 19 de septiembre, el stock de Leliq y Pases Netos, llegaba a $ 8 billones y al 5 de agosto, el día anterior al inicio del dólar soja, ese stock era de $ 7 billones. Es decir, la totalidad de la expansión monetaria por la compra de dólares soja fue neutralizada con más pasivos remunerados a mayor tasa; obviamente, estoy redondeando los números.

De lo anterior se desprende que, si bien el BCRA está teniendo el beneficio de adelantar el ingreso de reservas para mejorar sus reservas, dólares que faltarán más adelante, tiene el costo de mayor endeudamiento remunerado y a mayores tasas de interés. En otras palabras, se dispara el gasto cuasifiscal, representando como mínimo 2,5% del PBI, equivalente al déficit primario pactado con el FMI, pero todavía falta un trimestre más con una economía que tiende a desacelerarse, de manera que más stock de Leliq, tasas más altas y PIB estancado puede llevar el déficit cuasifiscal a 3 o 4% del producto al finalizar el año.

Esta es una deuda que, insisto, no es pagable por el BCRA y, encima, le corren intereses menos pagables, salvo que la tasa de inflación supera a la tasa de interés que actualmente paga el BCRA, en cuyo caso se estaría licuando la deuda del Central, pero a costa de tener una tasa de inflación superior al 107% anual que es la tasa efectiva anual que actualmente paga el BCRA por el stock de sus pasivos remunerados.

En definitiva, se requeriría de un largo y penoso proceso inflacionario para licuar la deuda del Banco Central con el impacto que ello tendría sobre las posibilidades electorales del oficialismo, que, encima de pagar el costo político por licuar la deuda del BCRA, le estaría haciendo un favor al próximo gobierno licuando esa deuda.

Por el lado de la inflación, la noticia del 7% de aumento del IPC en agosto tapa la “buena” noticia que quisieron dar con las reuniones de Massa en Estados Unidos.

Sobre el viaje de Massa hay dos cuestiones a destacar. Por un lado, las reuniones con empresarios no se tradujeron en propuestas concretas de inversión. Es que ningún director de empresa va a hundir inversiones en un país para luego decirle a sus accionistas que no van a cobrar dividendos, porque el gobierno del país en el cual invirtieron no los deja transferir las utilidades, si es que existen. Por otro lado, en todos lados están perfectamente informados de los que ocurre en Argentina y es difícil que alguien hunda inversiones en un país con imprevisibilidad en las reglas de juego.

La segunda cuestión tiene que ver la revisión de las metas del acuerdo con el FMI. Considerando el volumen de préstamo que le otorgó a Argentina, el FMI no tiene más alternativa que mirar para el costado y hasta dar por buena las propuestas de política económica que presentó Massa.

El comunicado que dio a conocer Kristalina Georgieva es de una superficialidad típica de los comunicados que suele publicar el FMI en estos casos.

Como gran propuesta de política económica, Georgieva ve positivo el aumento de las tarifas de los servicios públicos y la suba de la tasa de interés. El primer caso es entendible, pero si se hiciera dentro de un marco institucional (reglas de juego) y plan económico que muestre una salida. El aumento de las tarifas de los servicios públicos es solo un cambio de precios relativos, con un dólar oficial que tiene un mayor ritmo de aumento, aunque sigue corriendo detrás de la tasa de inflación.

La inflación de agosto con el 7% acumula una inflación del 56,4% en los primeros 8 meses del año, eso da una tasa promedio mensual del 5,78%, tasa que proyectada da una inflación del 96,3% anual y el 7% equivale a una tasa de inflación anual el 125%.

Todo esto con el tipo de cambio corriendo detrás de la tasa de inflación y sin que el IPC de agosto haya tomado el aumento de las tarifas de servicios públicos, es decir, de gas, electricidad y agua.

Comparando la tasa de inflación de Argentina con nuestros vecinos, se cae el argumento que suele esgrimir el gobierno de echarle la culpa a la pandemia y a la guerra en Ucrania.

En agosto el IPC aumentó el 1,2% en Chile, el 0,8% en Uruguay, el 0,4% en Paraguay y el -0,3% en Brasil. Es decir, pareciera ser que solo los empresarios que quieren ganar “mucho” como afirma el presidente Fernández, están en Argentina. Además, la guerra en Ucrania y la pandemia parece no haber pegado a nuestros vecinos y sí a Argentina.

El relato del gobierno se cae cuando intenta quitarse la responsabilidad de la inflación que generaron emitiendo a marcha forzada para financiar un déficit fiscal creciente por el populismo que llevó a aumentar el gasto público.

En definitiva, el gobierno puso un parche con el dólar soja para tratar de junta más reservas, pero se le abrió otro agujero por el aumento de la deuda remunerada del BCRA que lleva a emitir para financiar los crecientes de esa deuda.

Panorama complicado para llegar a octubre de 2023 sin más problemas inflacionarios y sociales que los actuales.