Una discusión que aportó poco

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El 15 de Julio de este año la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó un informe especial vinculado a los efectos económicos de la pandemia del nuevo coronavirus, titulado “Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones”.

El estudio, entre otras cosas, cuantifica lo gastado por los diferentes gobiernos de América Latina para hacer frente a la crisis sanitaria y a sus efectos económicos y sociales. Según el organismo, nuestro país haría un gasto equivalente al 0,7% del PIB, que representa aproximadamente 420 millones de dólares. Esto lo ubicaría entre los tres países que menos esfuerzo fiscal haría.

Sin ningún ánimo de desacreditar el trabajo del organismo regional, creemos que el debate desatado a raíz del informe amerita una serie de puntualizaciones que lo contextualicen. Más allá del cálculo numérico concreto, entendemos que el punto sobre el que se debatió ayuda muy poco a un mejor entendimiento de la realidad de los distintos países. En particular, es oportuno aportar cuatro elementos.

En primer lugar, hay una desavenencia sobre la cifra concreta. Desde fuentes oficiales se plantea que el gasto estimado está en el entorno de los 768 millones de dólares, lo que equivaldría a aproximadamente el 1,6% del PIB. Si desglosamos el gasto, vemos que 116 millones irán al Mides, 396 millones se destinarán a seguro de paro, 157 millones en resignación de aportes, 49 millones en seguro de enfermedad, 10 millones para licencia de la construcción y finalmente 40 millones para compra de insumos. La diferencia con el cálculo de Cepal es de casi 350 millones. Todo esto considerando que el informe explícitamente excluye los fondos para el sistema nacional de garantías (SIGA). Si consideramos el monto máximo disponible (del cual el Estado pone una parte menor pero significativa) de 2500 millones de dólares “el gasto total” para afrontar la crisis del COVID-19 estaría en el entorno del 5,4% del PIB.

Como vemos, además de las dudas sobre la diferencia de cálculo, las determinaciones metodológicas en la construcción del indicador son determinantes en los resultados. Una exclusión puede hacer que esos resultados varíen sustancialmente.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta la situación fiscal previa de los distintos países. El propio informe menciona que los países con peores desempeños fiscales recientes tenían menos margen de acción. En este sentido, debe recordarse que nuestro país viene con un crecimiento casi nulo desde 2015. Al mismo tiempo, la situación fiscal en 2019 ya era muy complicada con un déficit del entorno de 5 puntos del producto, el valor más alto de los últimos 30 años y una relación deuda sobre producto en clara trayectoria ascendente. Vuelve a ponerse de relieve la importancia de tener una fiscalidad sostenible y responsable durante los tiempos de bonanza para llegar con mucha más espalda a estas situaciones. Durante las crisis, no hace política anti cíclica quien quiere, sino quien puede.

En tercer lugar se debe considerar el punto de partida en materia de protección social. Un país como Uruguay con un sistema de salud históricamente extendido, y una cobertura de la formalidad sustancialmente mayor a los vecinos, es lógico que necesite un despliegue menor ante la actual situación. En concreto, nuestro sistema de salud necesito muy pocos fondos adicionales, comparativamente.

En cuarto lugar, y quizás la principal explicación, debemos considerar los resultados parciales que tenemos hasta el momento. Uruguay es, con diferencia, el país de la región que más bajo control mantuvo la pandemia en todo momento, el que abrió antes los centros educativos, culturales y de entretenimiento. En corto, el parate económico fue mucho menor en nuestro país que en la región, tal como lo muestran las proyecciones de caída del producto del orden del 4%. Parece razonable que aquellos países en dónde el virus se fue de control y sufrieron un impacto sanitario y económico mucho mayor al nuestro necesiten a la vez un despliegue fiscal desde el Estado también sustancialmente mayor.

En conclusión creemos que el informe de Cepal hace un buen aporte para conocer la situación de la región en esta coyuntura. Sin embargo, el dato concreto que se ha difundido en nuestro país no aporta casi ninguna información valiosa comparable entre los países. Además de que el número en sí es discutible, que Uruguay gaste menos que otros países de la región en estas circunstancias es esperable y hasta deseable. Todo esto sin entrar en la pertinente discusión sobre si gastar más significa necesariamente tener mejores resultados.

(*) Ramiro Correa, Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo.