Derechos de propiedad y desarrollo
Los deberes que debe hacer Uruguay en materia de derechos de propiedad.
El pasado martes 24 de noviembre se publicó la edición 2020 del Índice internacional de derechos de propiedad (IPRI por sus siglas en inglés).
El IPRI es construido por la Property Right Alliance (PRA) y es copublicado en Uruguay por el Centro de Estudios para el desarrollo. El índice toma valores entre 0 y 10 se divide en tres áreas que son “Ambiente legal y político”, “Derechos de propiedad física” y “Derechos de propiedad intelectual”. Cuanto mayor es el valor del IPRI, más fuertes son los derechos de propiedad del país.
Los derechos de propiedad están vinculados directamente con principios básicos como la libertad económica e individual, así como con el desarrollo económico en general. Las relaciones mencionadas no solo tienen aval teórico, sino que también posee fuerte evidencia empírica a favor.
Se observa una fuerte correlación positiva entre nivel de ingresos y derechos propiedad, así como entre derechos de propiedad y nivel de desarrollo económico. Los países de ingresos altos tienen un IPRI promedio de 7,08 puntos, mientras que en los de menores ingresos el resultado es de 4,37.
Al mismo tiempo, los países más desarrollados presentan un IPRI promedio de 7,44 mientras que las economías menos desarrolladas obtienen un promedio de 4,76. Por otro lado existe una relación positiva entre derechos de propiedad e igualdad de género, lo cual se observa en el IPRI-GE, que es el IPRI tradicional corregido por la brecha de género.
En la enorme mayoría de los países de Occidente con economías de mercado, las mujeres poseen plenos derechos de propiedad, en el otro extremo en países del África subsahariana y Medio Oriente las mujeres no poseen derechos básicos como a la herencia, a tener una cuenta bancaria o a poseer tierras.
El ranking está compuesto por 129 países y en los tres primeros lugares encontramos a Finlandia (8,654), Suiza (8,530) y Singapur (8,481). Del lado opuesto, los tres peores países fueron Venezuela (2,848), Yemen (2,707) y Haití (2,655).
Uruguay obtiene un IPRI 2020 de 6,2 puntos ubicándose en el lugar 46 de los 129 países que integran el índice. Esta posición implica una importante caída con respecto al año anterior, cuando el país se ubicaba en el lugar 39. Al mismo tiempo, estamos peor que en el 2017 y 2018, donde ocupábamos el puesto 36 y 43 respectivamente.
Nuestro país se encuentra en el tercer puesto dentro de América Latina, siendo superado por Chile (28) y Costa Rica (37). Uruguay obtiene un puntaje de 7,1 en el componente de “Ambiente legal y político” que es en dónde mejor puntúa. Por otro lado en “Derechos de propiedad física” obtiene 6,6 puntos y finalmente en “Derechos de propiedad intelectual” se registra el peor puntaje, 4,9 puntos.
A nivel global, Uruguay se encuentra bastante por encima de la media en “Ambiente legal y político” (5,140) y apenas por encima en “Derechos de propiedad física” (6,5); de forma contraria en “Derechos de propiedad intelectual” nos ubicamos por debajo de la media (5,545).
En la categoría de “Ambiente legal y político” el mejor puntaje lo obtenemos en control de la corrupción (7,531) mientras que la peor valoración se obtiene en “Estado de Derecho” (6,198). Pese a la diferencia de puntajes internos, en esta categoría del IPRI se confirma la percepción de que nuestro país tiene una institucionalidad sólida en términos generales. Por otro lado, en “Derechos de propiedad física” existe una mayor divergencia de resultados. El valor más alto se obtiene en “Registro de la propiedad” (7,863) mientras que el peor resultado se encuentra en “Facilidad de acceso al crédito” (5,195). El acceso fluido al crédito es vital para el progreso de cualquier sociedad, por lo tanto es un punto a corregir.
Finalmente en el último componente “Derechos de propiedad intelectual”, nuestro país obtiene un bajo puntaje global. Al interior del componente, el mejor resultado está en “Protección de la propiedad intelectual” (6,219) mientras que el peor se encuentra en “Piratería de los derechos de autor” (3,3). Los resultados de este componente son desalentadores y merecen la atención de las políticas públicas. Un sistema de derechos de propiedad intelectual fuerte es condición necesaria para que crezca la innovación y el emprendedurismo. Sería un gran empuje para industrias innovadoras, en particular para las tecnologías de la información.
Debemos mirar con atención lo que hacen los países a los que les va bien, para así construir nuestro propio camino. En el IPRI 2020 hay pistas importantes de por dónde debemos avanzar en nuestro camino al desarrollo.
(*) Investigador asociado del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).
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