Crecimiento económico imprescindible e insuficiente

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores

Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

En esta nota, me refiero al crecimiento a largo plazo y sus implicancias y no a la coyuntura, en la que el desempeño económico viene siendo satisfactorio y mejor al esperado por todos, tras el golpe ocasionado por la pandemia en 2020.

En los 20 años hasta 1955, la economía creció al 3,2% anual. Pero el modelo de sustitución de importaciones, aplicado a partir de ese período, y que “rindió” mientras no se colmó la demanda del mercado interno, dio lugar a una fuerte desaceleración y en los 20 años siguientes, hasta 1975, crecimos a sólo el 1,2% anual. Esa tremenda caída en la tasa de crecimiento fue consecuencia de un daño auto provocado, por llevar adelante una mala política, anti exportación, anti inversión y anti crecimiento.

A mediados de los 70, de la mano del ministro Végh Villegas, y en contra del mainstream de la época, se impulsaron políticas (como la reforma tributaria y la apertura comercial) que revirtieron los sesgos “anti” señalados. En los 20 años siguientes, hasta 1995, la tasa de crecimiento económico se duplicó y pasó al 2,4%. Finalmente, nuevos impulsos liberalizadores y estabilizadores en los ´90 coadyuvaron a que la tasa de crecimiento volviera a subir en los 20 años siguientes (3,0% anual hasta 2015). En los últimos 20 años hasta 2021 y 2022, se habrá mantenido en torno a ese valor.

Hoy estamos transitando el período de menor crecimiento desde el retorno de la Democracia, con excepción del quinquenio a cargo del presidente Batlle (-1,6% anual). En la segunda presidencia de Vázquez la economía creció al 0,8% anual y en el actual período de gobierno, considerando las últimas estimaciones del MEF para cada año, creceremos al 1,7% anual, completando una decena de años con un magro crecimiento (1,2% anual).

Los cálculos más recientes de nuestra tasa de crecimiento a largo plazo la situaron en 2020 en 2,3%, con las series “viejas” de las cuentas nacionales, y el mes pasado en 2,1%, ya con las series nuevas y con el aporte de los expertos consultados por el MEF en el marco de la nueva institucionalidad fiscal. Aquel 3%, entonces, estaría siendo más cosa del pasado que del presente y el futuro.

Nuestra tasa de crecimiento está en proceso de desaceleración y la historia económica muestra que hay una obvia relación entre las políticas que se aplican y los resultados que se obtienen de ellas, por lo que esto debe ser tenido en cuenta a la hora de producir las políticas a impulsar de modo de mejorar nuestras perspectivas de crecimiento.

El crecimiento económico es clave desde dos puntos de vista.

Primero por el empleo. La población en edad de trabajar crece al 0,5% anual y, en principio, la población activa debería hacerlo en torno a esa tasa. Con la economía creciendo al 2,1%, y con la masa salarial acompañándola, los salarios reales no podrían subir a más de 1,5 anual. Cualquier desvío se pagaría con menos empleo, como fue el caso de 2015 a 2019, cuando se perdieron más de 50 mil puestos de trabajo.

Segundo, por la cuestión fiscal. Si la economía crece al 2,1%, los ingresos fiscales también lo harán a ese ritmo. Pero, partiendo de un déficit fiscal alto, ese crecimiento de los ingresos no permitiría satisfacer razonablemente la demanda por servicios públicos. Máxime cuando hay notorias carencias en la calidad de algunos de ellos, como la enseñanza y la infraestructura. En ese contexto, los caminos posibles son cuatro: incumplir las metas fiscales y subir más la deuda; dejar insatisfecha la demanda por servicios estatales; seguir subiendo impuestos con cierta frecuencia e intensidad; y reasignar el presupuesto. Dada la obvia inconveniencia de los dos primeros, analicemos los dos últimos.

Subir impuestos en un país que ya paga demasiado por ellos es un problema y más aún lo sería (desde el punto de vista cualitativo) hacerlo fuera del marco de una reforma tributaria coherente. Los “parches” impositivos de urgencia suelen ser malos, como, sin ir más lejos, sucedió en el gobierno anterior con los ajustes a la imposición a la renta empresarial.

La tentación a crear malos impuestos y afectados a fines específicos sería elevada y su concreción, perniciosa, entre otras consecuencias, para el propio crecimiento.

Finalmente está el camino ideal, el de reasignar el presupuesto, pero esto es una utopía. Sólo se lo hace marginalmente. Todos los jerarcas cuidan sus chacras presupuestales y no ceden recursos aun cuando ellos estén siendo mal utilizados o sean redundantes. Para el político, presupuesto es poder, o, al menos, presunción de poder.

Siendo esos cuatro caminos insatisfactorios o improbables, queda otro por intentar recorrer, un camino que no da recursos ya pero que, al mejorar la tasa de crecimiento a largo plazo, los dará mañana: el camino de las reformas estructurales, el que eligió Végh Villegas y el que se transitó en los ´90.

Aquí y ahora, ello implicaría reformar la seguridad social, la enseñanza pública, la legislación laboral, el servicio civil, la inserción internacional, la gobernanza e institucionalidad de las empresas estatales, la regulación de sectores de actividad no transables, y mejorar la infraestructura pública.
Se trata de una agenda frondosa y potente, que permitiría elevar la tasa de crecimiento a largo plazo recientemente estimada. Una agenda nada nueva: en este espacio la vengo recordando dos por tres desde hace añares. Y nada fácil de concretar, pues para ello es menester contar con liderazgos y consensos. Que no están a la vista.