El costo de una propuesta

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El virus de Wuhan ha dado un nuevo golpe a la situación sanitaria del mundo y a la de nuestro país. La “segunda ola” obliga a un cuidado que vuelve a restringir determinadas actividades económicas, a readecuar otras y a la suspensión de muchas más. Contingentes importantes de ciudadanos se ven afectados de diversa manera y en más o en menos, son objeto de consideración por autoridades de gobierno. Surgen, además, propuestas de solución que tienen objetivos que deben saludarse, pero que conllevan un gran contrapeso económico y financiero que obstaculiza la viabilidad de su aplicación. La nueva normalidad sigue estando lejos y la incertidumbre vuelve a aumentar.

La esperanza en el efecto neutralizador del virus es creciente, pero la llegada de la vacuna no es inminente, tardará varios meses.

Propuesta alternativa

La oposición al gobierno actual ha propuesto desde hace ya varios meses, como alternativa a las numerosas medidas de apoyo a la población trabajadora que ha llevado y lleva adelante la actual administración, la concesión de una “renta básica” a 300 mil familias, las que estiman los legisladores y referentes del anterior gobierno, como las afectadas por la pandemia del COVID-19. Hace pocos días se reiteró el pedido, que consiste en un apoyo pecuniario del orden de 13.712 pesos mensuales —320 dólares— a cada familia durante cuatro meses, con la posibilidad de extenderlo dos meses más.

Se trata de una ayuda a quienes serían los más afectados por la crisis sanitaria, alrededor de 900 mil personas —más de la cuarta parte de la población del país—, dado el tamaño promedio por hogar familiar de 3 miembros. El monto total que le solicita la oposición al gobierno para el programa propuesto es del orden de 96 millones de dólares mensuales, 576 millones de dólares en seis meses.

Finanzas públicas

Los numerosos ajustes fiscales que se realizaron desde 2007 hasta 2019 por parte de la administración saliente, tanto a través de aumentos de la presión impositiva como de tarifas de servicios públicos en exceso de lo necesario para el financiamiento operativo y de inversiones de las empresas del Estado, el déficit de la administración central y otros organismos dependientes no financieros, se ubicaba en 2700 millones de dólares anuales antes del comienzo de la pandemia. Debido a ella y como consecuencia del apoyo oficial sobre todo a trabajadores en paro, el déficit ha trepado por encima de 3000 millones de dólares anuales.

Si se considera que se congela a su desequilibrio actual, el déficit alcanzaría a 1500 millones de dólares en los primeros seis meses del año. Si a ese monto se suman los vencimientos de la deuda pública que se deben pagar por un monto de 587 millones de dólares en el semestre y, además, los 576 millones que implica la propuesta de renta mínima por seis meses, entonces la necesidad de fondos de la administración central alcanzaría a 2.7 mil millones de dólares en enero-junio de 2021. El endeudamiento público global se ubicaría en más de 40 mil millones de dólares equivalente a algo menos de 80% del PIB. Con un nivel de endeudamiento tal, el financiamiento necesario para cumplir con lo señalado —cubrir el déficit, pagar vencimientos y consentir la propuesta de la oposición—, es muy difícil que se mantenga el grado inversor y en consecuencia el costo del financiamiento subiría.

Se puede creer y se reclamaría, que la propuesta de financiamiento de lo solicitado podría venir a partir de nuevas alzas en la presión tributaria sobre la renta empresarial y personal, sobre el patrimonio, sobre las transacciones patrimoniales y sobre otros impuestos directos por el estilo. Ello, como bien se sabe y se conoce por la evidencia empírica, es lo que ha venido ocurriendo desde 2007, pero también se debe recordar y reconocer que ha sido atractiva solo por razones políticas —transferencias sin contrapartida ni eficaz ni eficiente y ni siquiera duradera—, y para nada económica, pues se ha comprobado que reduce el ingreso disponible del sector privado, baja su ahorro y se reflejaría en menor inversión, menor producción y menor empleo perjudicando a quienes se desea ayudar. Así es como se ve desde el punto de vista económico el problema social que se desea solucionar aunque más no sea parcialmente.

Una solución que creo que la administración actual desearía, pero que no podría llevar más adelante de lo que ya lo hace.

El pasado

A nivel personal, cada individuo medianamente educado reconoce la necesidad de ahorrar, sobre todo en momentos en que le sonríe el ingreso, para disponer de recursos por precaución ante circunstancias especiales, adversas o favorables. Lo que el individuo común piensa no es lo que piensa un político con el dinero de los contribuyentes cuando ese dinero sobra.

Yendo hacia atrás en el tiempo, hubo en nuestro país a comienzos de la década que finaliza, un momento de auge no promovido por la combinación de políticas macroeconómicas llevadas adelante por la administración de turno. El auge tuvo entonces, un origen externo como lo tuviera, lamentablemente de manera contraria, la crisis del 2002. En los años iniciales de la década que ha finalizado, circunstancias fortuitas se creyeron duraderas y toda la recaudación que la expansión traía se gastó.

Hoy, si hubiese habido ahorro y no gasto en exceso, más allá del entonces necesario, si hubiese habido conducta fiscal en un contexto de excedentes y no de restricciones presupuestales, muchas de las propuestas se podrían aceptar y hasta mejorar. La acción de la propia administración las haría innecesarias.