Juan Sánchez - Economista

No cebar al monstruo

Cuántas veces imaginamos la realidad diferente de lo que es; así Dickens lo refleja en su novela más popular, llevada al teatro y al cine más de 200 veces (Great Expectations). Las claves sobre las cuales opera una sociedad son tan poderosas como para desgraciar la vida de la gente.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
El expresidente Mujica y el actual, Vázquez.

Quizás sea la europea la sociedad donde se han acercado más al objetivo de prosperidad equi-distribuida. Cuánto soñamos con una sociedad donde predominaran libertad, participación, igualdad y prosperidad. Hemos avanzado tanto en el siglo pasado como en el presente y nos ubicamos hoy en una posición privilegiada con relación a muchos países en desarrollo, pero sabemos que tenemos problemas.

La sociedad argentina, similar a la nuestra, tiene el desparpajo de las disputas de poder pero sin margen para ocultar defectos. En la nuestra, una sociedad —dicen— más sobria, los dramas no se ven en la superficie, aunque estén latentes.

En Uruguay están muy presentes los intereses de grupos, aunque sean incompatibles con el bien común, resultado de una lógica aprendida del uso del poder para obtención de réditos "privados", más allá de su eficacia, eficiencia o justicia.

El peso específico de la propia inercia es casi "ley natural". Por alguna razón está en la base de nuestro acuerdo social para la defensa del statu quo (institucional, empresarial, sindical), mucho más en los sectores mejor insertados y altamente regulados.

Complicidad.

Regulación supone arbitrar situaciones, desestimulando monopolios, abuso de posición dominante, prácticas anti-competitivas y fallas de información y transparencia, característica típicas de ciertos mercados en sectores estratégicos. Un caso donde se combinan todos estos factores es el transporte colectivo de pasajeros, por fallas de regulación que eviten esos extremos. Existen otros casos y en todos ellos un protagonista principal es el Estado, permitiendo una lógica de desequilibrio de partes donde normativa, gestión e inserción de los actores, conspira contra la calidad del servicio.

Es justamente la relación que mantiene la IMM con ciertos actores, connivencia entre empresas, sindicatos y poder político que habilita la sociedad de todos ellos para negociar e incidir en tarifas, salarios, condiciones de trabajo e incluso aspectos normativos y de regulación sectorial. Lamentablemente se traduce, más que en beneficio para el usuario, en exactamente lo contrario.

Servicios interpelados.

En las últimas semanas se dieron en distintos sectores varios casos donde se interpelaba la gestión de ciertos servicios. ¿Qué es lo que se interpela? ¿El estilo de conducción, la eficacia de la gestión, la participación de los sindicatos?.

Cuando se retomaron los Consejos de Salarios en los años ochenta, en algunos sectores, la salud en particular, se daba una extraña complicidad de intereses entre sindicatos, "empresarios" y Estado, no existiendo incentivos para evitar esta concurrencia. Sin regulación adecuada, esto terminaba inexorablemente en desfinanciamiento de instituciones y mal servicio. Las instituciones se hacían más inviables sin un cambio de rumbo y este no surgiría por generación espontánea. Fueron necesarios varios gobiernos, y varios programas de reestructuración y reforma para que solo se corrigiera en parte.

Un escenario similar se está dando en el ecosistema del transporte colectivo y en otros sectores esenciales y si no se abordan esos problemas se afectará irremediablemente la eficacia del sistema y el interés de los usuarios.

Hay riesgos.

Al contrario de lo que escuchamos estas semanas, la no dilucidación de las discusiones en el ámbito del partido de Gobierno en relación a medidas de tipo económico, presupuesto, política fiscal, pautas salariales o inserción internacional, conlleva riesgos tan altos como lamentablemente subvalorados. En sectores muy regulados, con sindicatos y/o empresas bien posicionados y estrechamente vinculados al poder político, puede haber un impacto muy negativo para el colectivo, si además no se laudan las contradicciones entre sectores del Gobierno.

En Uruguay los economistas nos hemos ocupado poco del juego del poder y su impacto en la economía real, distorsión que afecta incluso la calidad de las inversiones a largo plazo. En los períodos expansivos estas distorsiones se disimulan pero, en los otros, se vuelve difícil.

La disputa por el poder es más desembozada en algunos sectores: transporte, salud, educación. Allí se da que la relación de sectores políticos con algunos actores claves puede terminar perjudicando el bien común. Con Mujica, la vía del equilibrio fue que éste resignó espacios y decisiones, lo que trajo no pocas consecuencias.

Ya lo advertimos cuando iniciaba su gobierno; el ejercicio de desautorizar o desairar al Presidente no es un hecho banal, genera consecuencias más allá de los vericuetos jurídicos, es malo para el país, más aún si viene de su propio partido o de los sindicatos.

En el ámbito del Ejecutivo y del Frente Amplio se están reeditando aquellas controversias, quizás en parte tengan que ver con la trabazón del período pasado, pero si no se termina, realmente no es fácil imaginar una salida.

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