Brasil: las difíciles decisiones del nuevo gobierno

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El crecimiento del PIB del 0,4% en el tercer trimestre en comparación con el trimestre anterior, según datos publicados recientemente por el IBGE, todavía muestra que la economía brasileña se está recuperando del impacto de la pandemia, pero a un ritmo ligeramente más lento (en el primer y segundo trimestre el crecimiento fue de 1,3% y 1,0%, respectivamente). En el resultado influyó negativamente el sector agropecuario (caída del 0,9%), mientras que la industria y los servicios crecieron el 0,8% y el 1,1%, respectivamente. Los servicios se han caracterizado por una fuerte recuperación, alcanzando un nivel un 6% superior al anterior a la crisis, frente al 4,5% del conjunto del PIB.

Por el lado de la demanda, la formación de capital tuvo el mayor crecimiento trimestral (2,8%), manteniendo el ritmo positivo del trimestre anterior (cuando creció 3,8%). La tasa de inversión a precios corrientes alcanzó el 19,6% del PIB, el nivel más alto desde el tercer trimestre de 2014. La construcción civil, reflejando el efecto rezagado de las bajas tasas de interés registradas hasta mediados de 2021, ha tenido un buen desempeño, mientras que el consumo de los hogares creció 1,0 % en el tercer trimestre, desacelerándose con relación al segundo trimestre, cuando el crecimiento fue del 2,1%.

La dinámica de la economía ha estado dictada por la combinación del proceso de recuperación pospandemia, la expansión del gasto público y la política monetaria restrictiva. Específicamente en relación con las inversiones, la reciente ola de concesiones de servicios públicos en infraestructura (aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, saneamiento) puede estar teniendo un efecto positivo. Por otro lado, las incertidumbres relacionadas con la transición de gobierno y las propuestas de expansión fiscal sin la definición de reglas que limiten el crecimiento del gasto público y garanticen la sostenibilidad de la deuda pública parecen estar actuando en sentido contrario, dado el comportamiento de la tasa de interés, tipos de cambio y futuros de interés en las últimas semanas.

La desaceleración del ritmo de crecimiento del PIB y del consumo indica que la política monetaria ya está produciendo efectos sobre la demanda. El índice de gerentes de compras (PMI) cayó fuertemente en noviembre, al igual que el índice de confianza empresarial capturado por las encuestas de FGV. Las expectativas de crecimiento del PIB en 2023 son de una expansión del 0,7%, frente al 2,8% previsto para 2022. Los indicadores del mercado laboral, por su parte, han sido positivos, reflejando la dinámica de los servicios: la tasa de desempleo pasó de 12,1% en el trimestre finalizado en octubre del año pasado a 8,3% en octubre. El nivel de ocupación creció 6,1% en el período, explicando los servicios dos tercios de esta expansión. La remuneración media real del trabajo también aumentó un 5% frente al trimestre agosto-octubre de 2021. Esta recuperación, aunque vigorosa, aún no ha permitido volver a los niveles previos a la pandemia, mostrando aún una caída del 3% la remuneración real respecto al primer trimestre de 2020.

El crecimiento de 11,6% en la masa real de ingresos del trabajo en 12 meses es significativo, pero su alcance para apalancar el consumo tiende a verse amortiguado por el aumento del endeudamiento de los hogares, que creció 10 puntos porcentuales en los últimos dos años, alcanzando el 50% de la renta disponible de los hogares. Combinado con el aumento de las tasas de interés, el compromiso de ingresos al servicio de la deuda pasó de 23,6% antes de la pandemia a 28,7% en septiembre pasado.


Con base en estos indicadores, además de una inflación decreciente (pero todavía por encima de la meta en el horizonte relevante) y una situación externa relativamente cómoda (pero con la perspectiva de cierto deterioro debido, entre otros, a la reducción esperada en los precios de las materias primas), el situación económica está lejos de ser un “desastre”, como han afirmado miembros del equipo de transición del gobierno electo.

Pero hay una “sensación de desastre”, que se refleja, por ejemplo, en los indicadores sociales divulgados recientemente por el IBGE, pero relativos a 2021. Muestran un aumento de la población bajo la línea de pobreza extrema (Banco Mundial), de 6, 8% en 2019 a 8,4% en 2021, y la línea de pobreza, de 25,9% a 29,4%. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad (cuanto más cercano a 1, más concentrado el ingreso) se mantuvo estable al comparar 2021 con 2019, en 0,544, pero creció con respecto a 2020, cuando fue de 0,524. Vale recordar que en 2020, como parte de las políticas para mitigar los efectos de la pandemia, se pagó Ayuda de Emergencia de R$ 600 mensuales a aproximadamente 65 millones de personas. El año 2021 fue el peor momento para el mercado laboral en términos de empleo e ingresos, y la recuperación en curso debería ayudar a revertir parte del deterioro observado el año pasado.

Este es el trasfondo de las discusiones en curso sobre una enmienda constitucional (PEC da Transição) que está siendo propuesta por el presidente electo Lula como una forma de ampliar el espacio para aumentar el gasto, actualmente limitado por la regla constitucional que restringe su crecimiento a la inflación del año anterior. El principal objetivo es aumentar las transferencias de ingresos a los más pobres a través del Programa Bolsa Família (actualmente conocido como Auxílio Brasil). La situación fiscal de este año, que debería registrar un superávit primario del 0,6% del PIB, se vio muy favorecida por el fuerte aumento de los ingresos (impuestos y otros relacionados con el pago de regalías petroleras, concesiones de infraestructura y anticipación de dividendos de los bancos públicos y de Petrobras), mientras que los gastos fueron contenidos por el tope, aunque este fue generosamente incrementado en 2021. Como consecuencia, la situación en numerosas áreas (salud, educación, protección del medio ambiente, entre otras) es de absoluta escasez de recursos, que hay que reponer.

Si se aumenta el gasto, como desea el nuevo gobierno, de 1,5% a 2% del PIB, la tendencia es que regresen los déficit primarios. Con eso, la relación deuda/PIB volvería a crecer, luego de haber disminuido de casi el 90% del PIB a principios de 2021 al 76,8% del PIB ahora. La situación social exige atención, pero es necesario retomar el enfoque y las condicionalidades que caracterizaron al Bolsa Família original. Además, un aumento más modesto del gasto, junto con la definición de una regla fiscal creíble que sustituya el techo de gasto (desmoralizado por tantos agujeros) y garantice la sostenibilidad de la deuda pública, permitiría un cierto alivio en la situación macroeconómica y por ende continuación de la actual recuperación del mercado laboral, en última instancia, el principal impulsor —junto con una mayor productividad— para la reducción de la pobreza.