OPINIÓN

Argentina: a la alta inflación, le agregamos el tarifazo

Desde 2006 hasta julio de 2022 se gastaron US$ 240.351 millones, aproximadamente medio PIB en mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos.

Foto: El País
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Si bien el gasto público se viene disparando en todos los rubros, el gobierno decidió iniciar un recorte por el lado de los subsidios económicos, en la parte de energía y de agua, mientras que el tema transporte público quedó para más adelante. Al menos por ahora.

El gasto primario aumentó el 72,6% en los primeros 7 meses del año respecto a igual período de 2021. Los subsidios económicos acumularon un gasto de $ 1.2 billones, siendo el segundo rubro en importancia luego de las jubilaciones y pensiones. Los subsidios en energía representan el 78,6% del total de los subsidios económicos, siempre en los primeros 7 meses del año.

La presentación que hicieron sobre los aumentos de energía eléctrica, gas y agua fue lo suficientemente confusa como para que no definieran con claridad cuál va a ser el impacto final de la quita de subsidios. Es que no solo se divide por segmento de ingreso económico en que están los sectores de ingresos altos, los de clase media y los sectores más humildes, sino que, además, está segmentado por región geográfica.

El tema es tan complejo que ni los mismos funcionarios podían dar un número de cuánto aumentarán finalmente por tramo y por región las tarifas de los servicios públicos. Formularon un anuncio lo suficientemente complejo como para que nadie pueda sacar una conclusión, ni tener un porcentaje promedio aproximado del tarifazo.

Conviene recordar que los subsidios económicos en millones de dólares corrientes fueron establecidos en 2006 e incluyen energía (electricidad y gas), agua, transporte público, etc.

Entre 2006 y los primeros 7 meses de 2022 se gastaron US$ 240.351 millones, aproximadamente medio PIB en mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos, aunque durante el gobierno de Macri esos subsidios fueron disminuidos, con el consiguiente costo político. Sin embargo, a pesar de semejante gasto, no hay mejoras en la infraestructura y los servicios no son de buena calidad. Fue solo un despilfarro populista de cientos de miles de millones de dólares.

En subsidios a la energía, entre 2006 y los primeros 7 meses de este año, se destinaron US$ 144.799 millones para mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos.

Al ritmo que venían avanzando los subsidios económicos, el año iba a terminar con aproximadamente un 3% del PIB de gastos en ese rubro.

¿Qué incidencia tienen los gastos en energía, gas, agua, etc. en el IPC en el Gran Buenos Aires? El suministro de agua tiene una ponderación del 0,89% en el IPC. Electricidad del 1,03%, gas 1,51% y el transporte público 3,72% entre transporte de colectivos y de trenes.

Es decir, entre todos los rubros subsidiados en el Gran Buenos Aires, tienen un peso en el IPC del 5,64%. Obviamente que estos porcentajes varían de acuerdo a las diferentes zonas geográficas que se consideran para hacer el IPC nacional, considerando, además del GBA, la región pampeana, el NOA, el NEA, la Patagonia y Cuyo.

Como las ponderaciones de los servicios subsidiados varían por zona geográfica en que se establecieron las segmentaciones y como además difieren las quitas por nivel de ingreso, se hace muy difícil imaginar cómo va a hacer el Indec para calcular el impacto del tarifazo en el IPC.

Lo cierto es que hay una especie de rodrigazo en cuotas por la magnitud de los ajustes, pero también hay un impuestazo porque los impuestos que se cobran en las facturas de luz, gas, agua, etc., son un porcentaje de los importes facturados. A mayor monto facturado, mayor la recaudación de esos impuestos sobre los servicios.

Si uno revisa las medidas adoptadas por Massa hasta el momento, se encuentra con: 1) impuestazo a las empresas por el adelanto transitorio de ganancias en el adicional del 15%, el cual se licua con la inflación cuando la empresa lo recupere el próximo año, 2) aumento de las tarifas de los servicios públicos y 3) impuestazo sobre sobre los servicios públicos ajustados. Todo el ajuste recae sobre el sector privado con ninguna reducción del gasto público sobre todo en burocracia y los mal llamados planes sociales que ya se transformaron en un gran negocio de la política.

Por el lado de la inflación, el aumento del 7,4% del IPC en julio deja un piso alto para agosto y luego continuará por el ajuste de las tarifas de los servicios públicos. Julio 2022 versus julio 2021 da un aumento del 71% del IPC y el acumulado en lo que va del año es del 46,2%. El promedio mensual de los primeros 7 meses del año da una tasa del 5,58%, redondeando decimales. Si se proyecta esta tasa suponiendo que la inflación sigue evolucionando al mismo ritmo, estamos proyectando una tasa anual del 92% de piso, ya que no se incluye en este cálculo los aumentos de las tarifas de los servicios públicos.

Finalmente, queda el tema del nuevo discurso oficial que argumenta que no hay un aumento de tarifas de los servicios públicos, sino que hay una redistribución de los subsidios.

En primer lugar, si hay una redistribución de los subsidios, quiere decir que unos dejarán de percibirlos y otros recibirán más subsidios, porque eso implica redistribuir los subsidios, quitárselos a unos y dárselos a otros, con lo cual los sectores de menores ingresos deberían pagar aún menos cuando reciban las boletas de servicios públicos, cosa que no fue dicha en la conferencia de prensa.

En segundo lugar, si hay una redistribución de subsidios, quiere decir que seguirán otorgándose esos recursos, con lo cual no baja el gasto público y no se tiende al equilibrio fiscal.

Todo es un relato para esconder algo que el kirchnerismo no quiere reconocer: en esta oportunidad le toca pagar el costo político de la fiesta populista de las tarifas artificialmente bajas.

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