OPINIÓN

Apelando a un recuerdo que puede ser la solución

No es novedad. En meses previos a la elección nacional abundan las propuestas y las promesas, las críticas y las acusaciones.

Foto: Pixabay
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Esta mezcla confunde a la opinión pública. Hasta a quienes siguen a diario y analizan lo que sucede, por ejemplo, con la economía. En este caso, es muy difícil de pronosticar la avenida que va a transitar la política fiscal a partir de marzo para superar el creciente déficit del sector público. Hay diferencias claras en el enfoque que las fuerzas políticas relevantes tienen para, al menos, atenuar un problema que aumenta con el paso de los meses.

Mientras algunos sectores políticos integrantes del hoy oficialismo sostienen en su nuevo programa que se deben aumentar algunos impuestos directos, los competidores descartan la suba de tributos y proponen menos y mejor gasto. Y hay también entre los primeros, quienes prefieren —aunque no se sabe si en el lapso que resta a esta administración o en caso de participar de la próxima y ellos en iguales tareas que hoy— no aumentar impuestos ni bajar gastos y esperar que por algún motivo que no mencionan, la economía crezca y redunde en más recaudación, impositiva y cuasi tributaria.

El escenario

El déficit global del sector público es ya hoy el más alto tras aquel 6,2% de la producción de bienes y de servicios en 1989. Y será aún mayor en marzo, porque la conducción económica actual ha puesto en “piloto automático” a la política fiscal y entonces el gasto “endógeno” al que siempre alude y el exógeno, imparable en un año electoral, contribuirán a un déficit aún mayor. También será mayor porque el déficit aún sin aumentar en términos absolutos —lo que es improbable por la primera causa—, lo será en términos relativos al PIB cuando, como han señalado varios economistas, el Banco Central ajuste el cálculo de esta variable a la baja para ponerla en sintonía con la realidad tecnológica y productiva actual.

No obstante estas perspectivas, las calificadoras internacionales de riesgo mantienen una alta calificación de la deuda pública nacional y no consideran que el déficit sea peligroso como para preocupar a quienes poseen títulos de deuda emitidos por el sector público nacional. Ni a quienes tienen —por diversas circunstancias externas, unas especulativas y otras personales—, deseos de financiar el creciente desequilibrio. La deuda pública tiene, desde hace muchos años, el grado de inversión, lo que ha asegurado un financiamiento tan abundante como tentador para continuar sin ajustes del déficit que hoy preocupa más. Pero el peligro de la reversión de esta situación está latente, no ha desaparecido. Estará cada vez más cerca, en caso que la autoridad que corresponda en el inicio de la nueva administración, no proceda a una normalización, un “ajuste” de la situación.

Difícil corrección

Es difícil que la inversión de la empresa finlandesa que oficialmente se espera que tenga un importante efecto multiplicador sobre la economía sea suficiente para, mejorando la recaudación, abatir sensiblemente el déficit público. Por otro lado, ya hay prueba de que a la actual administración le resulta difícil controlar el gasto y hacerlo más eficaz y eficiente. Por ello, es muy probable que una nueva administración del signo de la actual, recurra a subas de tributos como ya lo prevé el programa de la coalición. Es claro que las variables macroeconómicas que pueden aportar crecimiento tributario con su expansión como el consumo privado -sin incentivos para crecer al menos en el corto plazo de un año—, y las exportaciones —con una situación mundial de alto proteccionismo y regional de baja o negativa expansión económica—, no estarán presentes por un tiempo para, con aumento de su actividad, mejorar el resultado fiscal. Y si estuvieran esas variables listas para ello, una mayor presión impositiva como promueven algunos sectores de la actual administración, restringiría su potencial recaudador.

Por el lado de las otras fuerzas que compiten por acceder al gobierno nacional y tienen probabilidad no descartable de lograrlo, no se mencionan aumentos tributarios. Declaraciones de sus candidatos y asesores apuntan a la corrección del déficit con abatimiento de los gastos y defienden su posición contraria a los aumentos impositivos y cuasi fiscales. Subyacente en sus programas, está la lógica esperanza de que sin nuevos impuestos y con mejor manejo del gasto público, se pueda conservar y hasta aumentar el ingreso disponible de la población y generar así una mejor ruta para el crecimiento del consumo y la inversión.

El programa que se aplicará realmente para solucionar el problema del déficit, al que algunos erróneamente llaman “consolidación fiscal” y otros “ajuste fiscal”, recién se conocerá en marzo. Con el verdadero programa en ejecución es que se podrán estimar los resultados que se puedan alcanzar y sus restantes consecuencias económicas. Hasta entonces, los que no están en el tema y quienes lo están, seguiremos confundidos con las propuestas y las reacciones. Por eso, es recomendable echar un vistazo a la historia económica y recordar la salida de una situación peor a la actual. Hace algo menos de un cuarto de siglo, con un déficit peor al de hoy fue posible llegar a un resultado fiscal la cuarta parte menor al de hoy, con una presión fiscal de dos tercios la actual y con el complemento del aumento del salario real de dos dígitos, una suba significativa del empleo a pesar de una sensible baja en el del sector público y con reducciones importantes en las tarifas públicas.

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