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El límite debe ser siempre la ley


@|Un hecho desgraciado, ocurrido en el año 2012 en el balneario La Paloma del departamento de Rocha, que afectó para siempre la vida de un joven albañil que quedó parapléjico, deja al descubierto la necesidad de conocer la verdad de lo ocurrido. Pues, quien en aquel momento detentara un alto cargo en el Ministerio del Interior (encabezado por Bonomi) resulta ser hoy Senador de la República, y entiende que todo esto obedece a un “enchastre” que busca afectar su imagen.

En la posición de “víctima” en la que se coloca, niega todo encubrimiento en la responsabilidad policial en aquel hecho y aduce haber actuado conforme a derecho.

Esta “defensa” es compartida por la Mesa Política del Frente Amplio y otros seguidores de la oposición que integran la misma fuerza partidaria, que aspira a recuperar el poder del que fueran desplazados por el voto de la ciudadanía en el 2019.

Lo que realmente debiera surgir es si existió o no delito (como mínimo, el abuso de funciones de quien detentaba el tercer lugar en la jerarquía ministerial de entonces) ya que se adoptaron decisiones que supusieron afectar recursos públicos, sin que al parecer se hayan seguido las instancias legalmente previstas para este tipo de situaciones.

Luego de ocho meses de internación en el Hospital de Clínicas, donde fue visitado en varias oportunidades por el legislador hoy denunciado, y la responsable de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, resolvieron que su tratamiento fuera seguido en el Hospital Policial, con una asistencia en tickets de alimentación, que se entregaban a la madre del herido, incluyendo también el traslado a La Paloma para pasar las fiestas tradicionales.

Y así transcurrieron tres años. Se trató sin lugar a dudas de un hecho confuso, en cuanto no se ha podido individualizar aún al responsable de ese balazo, pero al parecer se trataría de la punta de un iceberg que se ha tratado de mantener en reserva.

Esto hace válido preguntarse: ¿quién a la postre nos cuida de quienes deben ejercer la función legal y constitucional de cuidar nuestra persona y bienes?

El tema debe ser aclarado mucho más allá de la afectación de la imagen política de los implicados; se trata aquí de un proceder de apariencia delictiva que dista de ser ajustado a derecho y alejado por cierto de la discrecionalidad administrativa prevista en la ley.

Se trataría de una serie de decisiones arbitrarias que han encubierto la responsabilidad del Estado, nada menos que en un área tan sensible como es la administración de los recursos públicos, en lo atinente a la seguridad pública.

Los funcionarios públicos deben adaptar su proceder a lo previsto en la Ley; esa circunstancia hace que el actuar sea “reglado”. Existen vías como para resolver legalmente situaciones como ésta, sin embargo, el damnificado y su familia no han tenido una satisfacción indemnizatoria.

La gravedad de los hechos que han tomado estado público es ciertamente preocupante en una sociedad como la nuestra en que, por sus dimensiones, todo llega a saberse.

Pero además, la institucionalidad democrática y republicana que hace nada menos que a la vigencia del Estado de Derecho -del que nos preciamos- debiera ser preservada a toda costa.

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