Histórico fraude
Para interpretar las leyes, las palabras deben tomarse en su sentido literal y obvio, y si el tenor de la norma es claro no hay nada más que hablar.
El art. 190 de la Constitución nacional afirma que los entes autónomos y servicios descentralizados “no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”. Claramente no pertenece al giro de Antel construír una mole faraónica para espectáculos.
La buena administración exige gastar con planes de factibilidad, estimación de costos, retorno de la inversión y otras previsiones. Y legalmente exige que multimillonarias adquisiciones de bienes y servicios para obras gravosas se hagan con licitación y sin “dedazos”. En Antel la pirámide de arena se hizo sin planificación y con compras a dedo en un emprendimiento cuyo costo de ubicarse en 40 millones de dólares originales ha terminado en 120 millones de dólares. De los que restan pagar 47 millones. Que cubrirá Juan Pueblo con su billetera ya que la pirámide mencionada solo generará hacia el futuro pérdidas.
Desde el comienzo -año 2013- hubo expresiones de oposición a la obra. Entre las que revistaron las de los senadores Pedro Bordaberry y Jorge Gandini, así como la del actual presidente de la República Lacalle Pou en ese momento actor parlamentario. También las del ayer ministro de economía frentista Danilo Astori por consideraciones de gasto público y las del entonces presidente Tabaré Vázquez. No obstante con el espaldarazo de comunistas y tupamaros la Ing. Carolina Cosse presidente de Antel, siguió adelante.
Ante la inconstitucionalidad decretada incluso por el Tribunal de Cuentas de la República, adujo le respaldaba un pronunciamiento del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, de Udelar. Actualmente se sabe ese informe no existe. Lo que hubo fue una nota individual del fallecido Dr. Alberto Pérez Pérez furibundo militante frentista de la primera hora, y presidente en aquel tiempo del instituto, que la imprimió engañosamente usando una hoja membretada del mismo.
Peor aún, ahora se sabe por expresiones del miembro del citado instituto Dr. Guillermo Chiribao que enterados en su momento (2013) de la situación y rechazando lo sucedido, varios miembros de dicho cuerpo académico pidieron explicaciones a la Sra. Decana de la Facultad, la escribana frentista Dora Bagdassarian, para aclarar la aparente intervención de la facultad en estas circunstancias. No tuvieron respuesta (uy.press.net). Lamentablemente queda acreditado el uso político y cómplice de una autoridad de la Universidad estatal y su Facultad de Derecho para favorecer la maliciosa maniobra aludida.
El senador Gandini ante el fraude recientemente en el Senado dijo: “¡Esas cosas en mi barrio se llaman corrupción!” Y a la suma de ilegalidades las calificó como una operación política para promover la campaña personal de una correligionaria. Recordando lo de Sendic quien terminó destituído y procesado. Agregó que las adjudicaciones directas cuando hay muchos proveedores habilitados financian campañas electorales de amigos y que en algún lado están los 63 millones de dólares que faltan. Agregando que el beneficiado por la compra a dedo “¡a la vuelta de la esquina devuelve!”
El virus kirchnerista hace rato está en casa. El pueblo pide acabe el recreo.
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