¿Cuáles son, qué implican y qué buscan los impuestos que se vienen?
Los expertos en tributación ya piensan en nuevos esquemas impositivos. Parte de eso se discutió en las XIII Jornadas Tributarias organizadas por la DGI.
El impacto del COVID-19 en la economía es innegable y en las cuentas del Estado también. Gobiernos de todo tipo y color alrededor del mundo incurrieron en mayores gastos que los que tenían previstos y debieron hacer frente a una menor recaudación de impuestos.
La Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay ha sido de los organismos que menos recaudación perdió, destacó el secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), Marcio Verdi.
Para adelante habrá que recomponer las cuentas públicas y a eso se suma el desafío de la economía digital que es difícil de gravar. Entonces, los expertos en tributación ya piensan en nuevos esquemas impositivos. Parte de eso se discutió en las XIII Jornadas Tributarias organizadas por la DGI.
Verdi fue uno de los que expuso al respecto. También los contadores Martín Studer y Félix Abadi y el abogado Andrés Blanco plantearon algunas ideas.
¿Qué tipo de impuestos se vendrán tras la pandemia?
Verdi los clasificó entre “ortodoxos (clásicos), no ortodoxos (al menos todavía) y tendencias recientes (potenciales)”.
Entre los ortodoxos señaló que algo que se hace es “ensanchar la base” del impuesto. Por ejemplo en el tributo a la renta personal, pero indicó un matiz: “hay que gravar más renta pasiva como los dividendos” y no seguir cargando sobre salarios y pasividades, “si no a la clase media la vas a matar”.
Otro aspecto es el de gravar más la propiedad inmobiliaria, ya que en algunos países es mínima la imposición.
Entre los no ortodoxos, Verdi se refirió a “reglas de imposición mínima”, “impuestos sobre las transacciones financieras”, “impuestos sobre las exportaciones”, “impuestos sobre beneficios extraordinarios” e “impuestos de salida”. Estos últimos -mencionó el ejemplo de Ecuador- refieren a cuando una empresa extranjera quiere terminar sus operaciones en un país, se le aplica un tributo por su salida.
Por últimos, entre las tendencias recientes identificó a la “imposición progresiva sobre las rentas altas e impuestos sobre la riqueza”, “impuestos digitales, donde Uruguay merece nuestro aplauso (la economía digital ya) está tributando” y medidas “contra la competencia fiscal internacional a la baja”, además de “imposición verde”. “Deberíamos llevar más en serio la imposición verde” dijo Verdi con tributos “al carbono, al agua sucia”.
En ese sentido, Studer señaló que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda que “los impuestos verdes y los gravámenes sobre la propiedad y las ganancias del capital ganen peso en la fase de reconstrucción” pos COVID-19.
Mientras que especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sugieren “incrementar el IVA, “aumentar las tasas de impuesto sobre la renta sobre los rendimientos de capital, en particular sobre las rentas ‘pasivas’ de capital y ofrecer regímenes de facilidades de pago generosos, que no deben convertirse en condonaciones”, recordó Studer.
El contador señaló que hay un “importante desafío por delante una vez que se alcance lo que se ha dado en llamar la postcrisis del COVID-19”. Apuntó que “para ese momento habrá que tener prontas una batería de medidas que permitan sustentar el mayor gasto social y de apoyo a los sectores más perjudicados, y que podría involucrar algunos ajustes en materia de impuestos, al menos de carácter transitorio”.
Blanco, al igual que Verdi, hizo hincapié en la tributación de la economía digital y dijo que “la base de las reformas futuras es explícitamente desplazar la imposición a las rentas de las empresas hacia los lugares donde se produce el consumo, en detrimento de los lugares donde se desarrollan las actividades”.
Por su parte, Abadi reflexionó que más allá de la transparencia y el adecuado cumplimiento fiscal en el que ha habido una coordinación mundial (a través del Foro de Transparencia Fiscal Global), “debe evitarse la tentación de los Estados a extender este paradigma más allá de lo razonable” mediante medidas como: “limitar a que demás países puedan aplicar el principio de la fuente” (es decir dónde se origina la renta), “limitar a los países a aplicar las tasas nominales de impuestos (o inclusive ‘tasas efectivas’) que entiendan adecuadas a sus necesidades”, “invadir innecesaria y/o injustificadamente la esfera de intimidad de los particulares”, que haya “selectividad de países a la hora de exigir y controlar el cumplimiento de estándares”, entre otros.
Uruguay ha sido uno de los primeros países en avanzar (lo hizo en 2017) en que la economía digital, con plataformas como Uber, Spotify, Airbnb, Netflix y similares tributen IVA e Impuesto a la Renta por los servicios prestados a personas en el país.
En el primer año completo en que este tipo de aplicaciones pagaron impuestos en Uruguay, la Dirección General Impositiva (DGI) recaudó US$ 45 millones. De ese monto, las plataformas de contenidos audiovisuales abonaron US$ 24 millones (US$ 15,5 millones por IVA y US$ 8,5 millones por Impuesto a la Renta de No Residentes), las plataformas de alojamiento pagaron US$ 7,5 millones, mientras que las de transporte abonaron US$ 13,5 millones.
Al cerrar las XIII Jornadas Tributarias, la directora general de Rentas, Margarita Faral dijo que uno de los desafíos que enfrenta la DGI es precisamente los “nuevos modelos de negocios” que implica la economía digital para los que hay que adaptar la tributación existente.
Al respecto, la directora de Rentas dijo que la DGI debe “modernizar” sus “herramientas” y “generar procesos” ya que la economía digital implica “gestionar grandes volúmenes de información”. A su vez se debe tender al “cumplimiento de las obligaciones a través de procesos automatizados”, apuntó.
La forma en que tributan estas plataformas en Uruguay es diferente a la que rige para empresas en general.
Entre otros aspectos innovadores, se les permite a las plataformas que operan en el país pagar sus obligaciones en dólares y hacer anticipos trimestrales, sin la exigencia de designar un representante legal en Uruguay.
“Tenemos de cliente a una plataforma de las grandes que aplaudió la medida y nos dijo que nunca había visto algo así”, habían comentado a El País desde uno de los principales estudios jurídicos de Uruguay cuando se aprobó la normativa.
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