PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA

Se concretó la venta de la cárcel de Punta de Rieles, la primera PPP uruguaya

El comprador fue el fondo internacional Andean Social Infraestructure. El presidente de Teyma, Alejandro Fynn, dijo que el mercado uruguayo “gana con esta operación”.

Unidad Punta de Rieles. Foto: Fernando Ponzetto
El fondo de infraestructura internacional Andean Social Infrastructure compró el 100% de la Unidad de Punta de Rieles S.A. Foto: Fernando Ponzetto.

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En junio se anunció que el primer proyecto uruguayo construido bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP), la cárcel de Punta de Rieles, había vendido el 85% de las acciones al fondo internacional Andean Social Infrastructure Fund I.

Ayer, finalmente se concretó la venta luego de cuatro meses en que el contrato estuvo sujeto al cumplimiento de condiciones previas, la aprobación del Ministerio del Interior y otras autoridades, así como a la conformidad de los inversores institucionales que poseen Obligaciones Negociables (ON) emitidas por esa unidad.

Es así que ahora el 85% del capital del centro penitenciario Unidad de Punta de Rieles Sociedad Anónima (UPR S.A.), -que estaba hasta ahora en manos de la compañía multinacional española Abengoa, a través de su subsidiaria uruguaya Teyma- pasó a manos del fondo internacional especializado en proyectos de infraestructura.

Asimismo, el accionista minoritario de la cárcel de Punta de Rieles, Goddard Catering Group, también vendió al fondo inversor su participación del 15% restante del paquete accionario. Así Andean Social Infrastructure Fund I se quedó con el 100% de UPR S.A.

Esto, no implica afectación en el funcionamiento de la cárcel dado que las tareas operativas van a seguir a cargo de Etarey, una sociedad propiedad de Teyma, “con el mismo equipo que trabaja actualmente”, según dijo la empresa a través de un comunicado. Lo mismo pasará con Goddard Catering Group que pese a haber vendido su participación accionaria, seguirá con la operativa (alimentación) en el establecimiento.

El presidente de Teyma Alejandro Fynn dijo -en una entrevista con el suplemento Economía & Mercado de El País que se publicará el próximo lunes- que el traspaso de Punta de Rieles a un fondo internacional no era algo que la compañía tuviera decidido al iniciar el proceso, “pero siempre sabíamos que cabía esa posibilidad”.

“Hay una inversión de capital de la empresa a 25 años y no necesariamente es vocación de empresas como la nuestra quedarse a cobrar dividendos a largo plazo”, argumentó el empresario y señaló que además “el mercado uruguayo gana con esta operación” porque, a su entender, “una vez que se empiezan a desarrollar este tipo de activos aparece el interés de otros actores para invertir acá, como es el caso de los fondos de infraestructura”.

Esta idea fue reforzada por Fynn a través de un comunicado institucional de Teyma en el que manifestó que “este acontecimiento es una buena señal para los desarrolladores de proyectos de Participación Público-Privada (PPP) de cara a nuevos procesos de inversión”, en momentos como el actual “de incertidumbre ante el avance del COVID-19 y sus consecuencias en el plano económico”.

En esta línea, la empresa explicó que la decisión forma parte de la estrategia de Teyma para encarar futuras obras de infraestructura.

En este sentido, Fynn dijo en el comunicado, que para la firma “es natural realizar un activo ya consolidado y maduro para encarar nuevos proyectos de construcción y concesiones”, y agregó que su actividad “siempre estuvo centrada en el desarrollo, la construcción y la puesta en marcha de proyectos, por lo que creemos que hemos culminado un ciclo al frente de UPR S.A.”.

En julio la resolución de la asamblea de titulares de ON (que se divulga públicamente al cotizar en bolsa), había afirmado que el fondo de inversión que compra la PPP “cuenta con acreditada solvencia y capacidad técnica para continuar adelante con el proyecto”.

Construcción de la nueva cárcel de Punta de Rieles. Foto: Fernando Ponzetto
Construcción de la nueva cárcel de Punta de Rieles. Foto: Fernando Ponzetto

También había detallado que a finales de junio el Banco República (BROU) en calidad de “acreedor subordinado” a las ON, había aprobado la “transferencia de acciones” al fondo.

El Andean Social Infraestructure Fund I (Aberdeen) se lanzó hace tres años y está integrado por la compañía de inversiones Standard Life Aberdeen (SLA) y la administradora de fondos Colombia LQA Funds. Esta última es una empresa conjunta entre el banco de inversión colombiano Q&A y la empresa suiza de inversión financiera Lakestone Capital Partners,.

Ambas firmas crearon el fondo con el objetivo de invertir en infraestructuras en México, Uruguay, Perú, Colombia y Chile. De acuerdo a lo informado meses atrás por el medio español El Economista, si bien se desconoce el importe de la transacción, “el valor en libros que Abengoa otorgaba a esta participación en sus últimas cuentas anuales presentadas, las de 2018, ascendía a 9,6 millones de euros”, es decir unos US$ 10,4 millones aproximadamente.

Antecedentes.

El Poder Ejecutivo adjudicó la construcción de la Unidad 1 de la cárcel Punta de Rieles en junio de 2015 a un consorcio privado liderado por Teyma, lo que significó la concreción del primer proyecto bajo modalidad de PPP en Uruguay tras la aprobación de la Ley 18.786 en 2011.

El contrato tiene un plazo de 27 años, es decir que en el año 2042 las obras pasarán a ser del Estado.

La PPP de la cárcel de Punta Rieles se convirtió ahora, no solo en la primera en construirse bajo esa modalidad sino también pionera en cuanto a la venta de su contrato.

“¿Lo harían de nuevo?”, preguntó Economía & Mercado al presidente de Teyma. “Si, definitivamente. Ha sido un proceso de aprendizaje importante”, concluyó Fynn.

"Instrumento, no un dogma”

Al ser consultado por el interés del gobierno en dejar de utilizar la modalidad de construcción bajo PPP, Alejandro Fynn, presidente de Teyma dijo que “ha sido una buena experiencia” aunque señaló que “son un instrumento, no un dogma”. Es que el actual gobierno cree que el esquema de PPP ha sido oneroso para el Estado. En contrapartida, el gobierno se inclina por los llamados “contratos Crema” (Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento) que son una modalidad de contratación utilizada con frecuencia, en la cual el constructor privado se obliga a realizar una obra inicial de construcción y a realizar obras de mantenimiento durante el plazo de contrato. Sobre esta modalidad, Fynn dijo que “no hemos hecho ese tipo de contratos ni los tenemos en nuestro horizonte”.

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