MALAS CONDICIONES

Nueva denuncia penal del Mides a un residencial irregular

Se trata del sexto establecimiento que la cartera denuncia a la Justicia; nueve ancianos fueron realojados.

Martín Lema. Foto: Juan Manuel Ramos.
Martín Lema. Foto: Juan Manuel Ramos.

El punto de partida que culminó con la clausura definitiva de un residencial en Montevideo lo dio una señora a la que el Ministerio de Desarrollo (Mides) seguía desde hacía tiempo.

La hija de esa anciana había resuelto llevarla a este residencial y fue así, monitoreando su situación, como en el ministerio descubrieron que el lugar donde la señora pasó a vivir era irregular.

El establecimiento no estaba registrado formalmente, por lo que no aparecía en el radar del Mides como un lugar donde hacer inspecciones periódicas para fiscalizar cómo funcionaba.

Sin embargo, luego de realizar dos visitas y plantear una larga lista de incumplimientos, que no fueron reparados por los dueños del residencial, el 12 de setiembre el Ministerio de Salud Pública (MSP) clausuró de forma definitiva el lugar y ayer el Mides presentó una denuncia penal contra sus responsables.

La primera inspección se realizó el 3 de junio. Allí el cuerpo inspectivo del Mides y del MSP constataron varios incumplimientos al decreto 356/016 que reglamenta las condiciones para que un establecimiento de larga estaría para personas mayores (Elepem) sea habilitado.

Entre las faltas de carácter administrativo no se cumplió con el correcto registro de los residentes así como del personal que trabaja en el lugar y su formación para atender personas mayores. Tampoco se pudo acceder al consentimiento informado que deben firmar los ancianos o quienes sean responsables ni a sus historias clínicas.

En este sentido, se comprobó problemas de higiene en el lugar y en los nueve ancianos que allí vivían. Los cuartos presentaban humedades visibles. Y la ropa de cama, así como los colchones, no estaban en condiciones.

Además, se relevó incumplimientos con procesos establecidos por norma como que los medicamentos deben estar correctamente rotulados y en un espacio físico destinado exclusivamente para ello o que es requisito tener un stock de alimentos previstos para al menos las próximas 48 horas así como la información transparente y visible del menú semanal de comidas.

Esto se suma al hecho de que el residencial no estaba registrado ni aportaba como tal.

El 13 de junio, 10 días después de la primera inspección, el personal de ambos ministerios volvió al lugar para corroborar si las distintas irregularidades que se habían constatados fueron resueltas por los dueños del residencial. Ninguna de ellas fue tenida en cuenta, por lo que las autoridades, basándose en los informes de ambos relevamientos, resolvieron que el local fuera clausurado de forma permanente.

Además, se determinó el realojo de los nueve ancianos que pasaron a vivir en siete establecimientos distintos.

En diálogo con El País, la directora general de Secretaría del Mides, Karina Goday, dijo que se constataron “graves apartamientos de la normativa” y que por ello se resolvió presentar la denuncia penal.

“Entendemos que hay hechos que tienen apariencia delictiva y que podrían configurarse bajo presuntos delitos de violencia privada, de abuso de asistencia por parte del establecimiento y de abuso de inferioridad psicológica de los menores o incapaces”, sostuvo.

En este sentido, la jerarca aseguró que “claramente hay una vulneración de los derechos” y que se está ante “un servicio de cuidados deficitario que incumple la normativa vigente”. Es por ello que la resolución del MSP indica que “no están dadas las condiciones para el funcionamiento del establecimiento y ello conlleva a un riesgo sanitario para las personas que estaban allí alojadas”.

Esta denuncia se suma a otras cinco que el Mides presentó en los últimos meses por entender que los residenciales no cumplían con las condiciones mínimas para atender a adultos mayores.

En los residenciales clausurados anteriormente se confirmó la vulneración de derechos en cuanto a que: existía hacinamiento en los dormitorios, no se contaba con director técnico médico, no se cumplía con la cifra estipulada de cuidadores por cantidad de residentes, no se encontraba con los consentimientos informados de los que allí vivían, no había tampoco contratos de arrendamiento de los servicios, no existía planificación del menú semanal, la reserva de comida solo alcanzaba las 48 horas, faltaban medidas de accesibilidad y de seguridad, y no se realizaban actividades de recreación, estimulación y fomento de la autonomía de las personas. Y también se hallaron irregularidades administrativas.

Es la sexta denuncia

“En este tiempo hemos cerrado establecimientos por no cumplir con requisitos dignos para las personas que se atienden. Hay una baja en el umbral de tolerancia, me gustaría decir tolerancia cero, pero así como se cierra un establecimiento hay que dar la opción de que un establecimiento habilitado cuente con las condiciones de dar mejor cobertura”, dijo el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, al comparecer al Parlamento ayer en el marco de la discusión por la Rendición de Cuentas.

Coordinadora de ollas dará información

Pedro Rodríguez, vocero de la Coordinadora Solidaria y Popular (CPS), informó ayer a El País que están dispuestos a brindar datos sobre la demanda en las ollas y merenderos que gestionan, al tiempo que buscan concretar un mano a mano con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, para entregarle los datos.

Fuentes del Mides indicaron a El País que se analizará la solicitud de CPS, pero destacaron que existen “reuniones permanentes” entre la organización y autoridades de la cartera. Respecto a la información solicitada, el ministerio también definirá una fecha de plazo para que la organización entregue los datos, que sería fines de este mes o principios de octubre. El Mides busca acceder desde fines de agosto -cuando CPS recriminó al Estado la falta de insumos- los siguientes aspectos: cantidad de ollas y merenderos (llamadas iniciativas) que gestionan, la ubicación de cada una, así como los días y horarios en que funcionan, y la cantidad de porciones promedio que se sirven en cada una. A partir de esto, el ministerio pretende hacer un monitoreo de los recursos y asegurar que “van efectivamente a lugares que requieran ese apoyo”, según destacó Lema días atrás.

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