LOS AJUSTES LEGALES QUE DEJA LA PANDEMIA

Evalúan la vigencia del Fondo Coronavirus y su vínculo con la emergencia sanitaria

Los gastos previstos allí dependen de la vigencia del decreto; la mayoría de los recursos están destinados a prestaciones sociales

Personas pasan caminando frente a la entrada del Ministerio de Salud Pública. Foto: Estefanía Leal
Personas pasan caminando frente a la entrada del Ministerio de Salud Pública. Foto: Estefanía Leal

Este martes el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se reunieron y decidieron mantener vigente el decreto que regula la emergencia sanitaria en Uruguay. Esto tuvo que ver, en buena medida, con la cantidad de instrumentos y gastos relativos a la pandemia que dependen de la financiación del Fondo Coronavirus, según supo El País.

Salinas dijo tras la reunión que es necesario “pulir todas las aristas legales” vinculadas al decreto, y puntualizó en la necesidad de ser “consistente y coherente” con las decisiones. Algunas de esas “aristas legales” refieren a lo que sucederá con los recursos del fondo que administra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La Ley 19.874, que establece la creación del “Fondo Solidario COVID-19”, explicita que está “destinado a atender en forma exclusiva las erogaciones provenientes de toda actividad estatal destinada a la protección de la población frente a la emergencia sanitaria nacional”.

En este sentido, fuentes del gobierno dijeron a El País que se está haciendo una “evaluación en tiempo real para saber qué se va a seguir financiando y qué no” con el Fondo Coronavirus. Actualmente no se sabe con exactitud todas las actividades que dependen estrictamente del fondo, porque la última actualización general de parte del MEF sobre los gastos incluidos allí se hizo en diciembre de 2020.

Los principales asuntos que preocupan hoy a las autoridades para determinar o no el fin de la emergencia son la capacidad de testeo, rastreo y aislamiento, y el acceso a los test contra COVID-19 PCR. Estos están incluidos dentro del Plan Integral de Atención de Salud (PIAS) por el cual los prestadores que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) están comprometidos a brindar los exámenes a sus usuarios.

Algo similar ocurre con la financiación del Tocilizumab, un anticuerpo monoclonal que previene el agravamiento de los pacientes graves con COVID-19. Su financiación depende hoy del Fondo Nacional de Recursos y del Fondo COVID.

De todas maneras, la mayor parte del Fondo Coronavirus se destina al Banco de Previsión Social (BPS) y al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y tiene que ver con prestaciones sociales y no estrictamente sanitarias.

No se ha anunciado aún si los proyectos del Mides financiados por el fondo se mantendrán durante noviembre; según supo El País, habrá una reunión la semana que viene para evaluarlo. “Puede ser que queden sin efecto algunas prestaciones de noviembre, pero todavía no se sabe”, indicaron desde el Mides.

En este sentido, una fuente del Ministerio de Salud Pública (MSP) consultada por El País dijo al respecto que “es la ministra (Arbeleche) quien tiene la última palabra” con respecto a la posibilidad de mantener vigente el Fondo Coronavirus una vez terminada la emergencia. “Ella aseguró que el dinero está, pero hay que ver si seguirá llevando ese nombre o no”, agregó la fuente.

Sobre el testeo, rastreo y aislamiento que empleó el gobierno hasta el momento, a pesar de que esta modalidad está contemplada en el decreto de la emergencia, el director general de Salud, Miguel Asqueta, dijo a El País que esa es una “actividad habitual de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica” dentro del MSP y no depende de que exista o no la emergencia sanitaria.

Miguel Asqueta, director de la Dirección General de Salud. Foto: Marcelo Bonjour.
Miguel Asqueta, director de la Dirección General de Salud. Foto: Marcelo Bonjour.

Ingreso de turistas.

Otra inquietud de las autoridades tiene que ver con el ingreso de personas al Uruguay. Sin la emergencia sanitaria, el gobierno analiza cómo continuar exigiendo ingresar al país con un PCR negativo, sobre todo de cara a la reapertura total de las fronteras estipulada para el próximo 1 de noviembre.

En este sentido, la fuente de la salud indicó que es necesario “dejar en blanco y negro los requisitos” para los turistas. Cuando se derogue el decreto, el gobierno maneja la posibilidad de emitir uno nuevo que contemple la realización obligatoria de un test PCR hasta 72 horas antes de entrar al país.

En términos generales, desde el gobierno no dejaron claro si se piensa esperar hasta después del 1 de noviembre para terminar con la emergencia sanitaria o derogar el decreto antes de esa fecha. “Nosotros apuntamos a la seguridad sanitaria aun levantada la emergencia”, dijo la fuente del MSP.

Por su parte, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, dijo ayer que se está trabajando para hacer que los turistas ingresen “en forma ordenada y segura” para no afectar el control de la pandemia alcanzado por Uruguay.

Sobre la posibilidad de que Uruguay comience a aplicar “cuotas” para controlar el ingreso de turistas al país, Monzeglio afirmó que aún “no está descartado nada”.

Además, el jerarca de Turismo hizo referencia a que hoy se realizará una reunión entre los ministros de Salud, Defensa, Interior y Turismo con el presidente Lacalle: “Recién mañana vamos a tratar eso. No ha estado por ahora en consideración”, dijo. En esa reunión se discutirán “todos los aspectos relativos a la apertura de fronteras del el 1° de noviembre”.

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