El Frente Amplio levanta la “bandera” antitabaco y responde
La Mesa Política analizó informe sobre decreto de Industria, que ve como un “retroceso” refundacional.
Primero llegó el pronunciamiento de las sociedades científicas. Luego, exactamente 17 días después de que el Poder Ejecutivo promulgara el decreto 282 de 2022, el Frente Amplio (FA) dio una respuesta institucional.
El lunes pasado, la Mesa Política solicitó la “inmediata derogación” del nuevo marco normativo, impulsado por el Ministerio de Industria, que flexibilizó los criterios del empaquetado neutro de cigarrillos y fijó multas al contrabando.
La decisión se adoptó luego de que los doctores Adriana Peveroni, Miguel Fernández Galeano y Mario Zelarayán presentaran un informe a quienes asistieron a la sesión ordinaria de la Mesa Política en la tarde del lunes, según dijeron a El País presentes en el encuentro. Allí se resolvió acompañar el pedido de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, que horas antes había presentado un recurso de revocación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para dejar sin efecto el decreto.
Los sectores del FA plantearon la necesidad de levantar la “bandera” de la política antitabaco impulsada por el expresidente Tabaré Vázquez, para “no seguir retrocediendo” en materia sanitaria e ir en detrimento de una política que -aseguraron- “construyó el FA”.
Zelarayán, médico personal del oncólogo fallecido en 2020, reafirmó esta idea a El País. Dijo que la administración del presidente Luis Lacalle Pou ha “horadado” la lucha antitabaco a partir de este y otros decretos, como el que habilitó la comercialización de los productos de tabaco calentado, y la eliminación de uno de los cuerpos inspectivos del Programa de Control del Tabaco, dada a conocer por el programa Así nos va de Radio Carve.
Los doctores frenteamplistas argumentaron ante la Mesa Política que el gobierno “priorizó la economía sobre la salud de los uruguayos” al decretar los cambios a solicitud de la empresa tabacalera Montepaz. El organismo partidario entendió que “desde el punto de vista político” este era un elemento “muy importante”, que debía ser planteado públicamente por los dirigentes.
El FA concluyó que el decreto es “parte de un debilitamiento global de la política de control del tabaco” y que “va en favor de la industria y de los malla oro”, según contaron participantes de la reunión.
El presidente Lacalle Pou, por su parte, descartó días atrás en una rueda de prensa en Dolores, Soriano, que el gobierno promueva el tabaquismo con esta medida. Sostuvo que se busca combatir el contrabando, que afecta principalmente a la industria nacional y acapara más de un tercio del mercado, y que la flexibilización impulsada por Industria no altera el resto de las políticas antitabaco vigentes.
Sin embargo, la oposición afirma que al reconocer la intervención de Montepaz, el gobierno contravino el tercer párrafo del artículo 5° del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un tratado internacional al que Uruguay está suscrito. Este apartado establece que los Estados deben “proteger” las políticas antitabaco de los “intereses comerciales” de las tabacaleras.
En diálogo con El País, Zelarayán subrayó que está “expresamente prohibido” la participación de las empresas en el diseño de la política sanitaria antitabaco, lo que reafirma el pedido de derogar el decreto.
Objeciones
La delegación, integrada por los tres representantes de la Unidad Temática de Salud del FA, analizó el contenido del Decreto 282 y -como otras instituciones- concluyó que no tiene “ningún respaldo científico”. En el informe, los médicos plantearon que “el diseño de la cajilla, así como el diseño diferenciador que puede darse al cigarrillo, ejercen una influencia publicitaria marcada, sobre todo sobre los jóvenes”. Y agregaron que alterar el etiquetado neutro “va en contra de todo lo estudiado” acerca de cómo el diseño de una cajilla puede servir para la promoción del producto.
A partir de estudios científicos, el documento indica que no es necesario identificar cada cigarrillo para hacer una trazabilidad que permita luchar contra el contrabando y la falsificación, un cambio que se instauró a partir del decreto. Por el contrario, los expertos del FA sostuvieron que el control del producto se “delegó” en las tabacaleras, cuando debería ser responsabilidad del Estado, y que se habilitó una nueva forma de publicitar la marca. En ese sentido se expresaron sobre la eliminación de que el interior de la cajilla sea obligatoriamente blanco, liso y plateado.
El presidente del FA, Fernando Pereira, se hizo eco de los planteos de los especialistas en una rueda de prensa el martes en La Huella de Seregni.
Coincidencias con expertos
Algunos planteos ya habían sido expuestos por un panel internacional de expertos el lunes, en un evento virtual organizado por la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Obligatorias y la Campaign for Tobacco-free Kids.
El abogado venezolano Óscar Cabrera, de la Universidad de Georgetown, advirtió que de mantenerse la norma Uruguay podría afrontar consecuencias internacionales por los cambios en el decreto del 2 de setiembre.
Sostienen que el MSP perdió “rectoría”
Antes de que el Poder Ejecutivo aprobara el decreto, el FA ya analizaba la implementación de las políticas antitabaco, según Zelarayán.
La Unidad Temática del FA entiende que el Ministerio de Salud Pública ha perdido la “rectoría” en esta materia, de acuerdo a lo expresado ante la Mesa Política.
El cardiólogo planteó que, “pandemia mediante”, con este gobierno hubo un retroceso en las políticas impulsadas por el expresidente Vázquez, que al término de su mandato había definido como prioridad el combate a las enfermedades no transmisibles a través del reforzamiento de los tres niveles de atención sanitaria.
Entre otros supuestos retrocesos, Zelarayán mencionó la reducción de la prevención sanitaria, el retraso en las consultas médicas en centros de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la falta de medicamentos.
Asimismo, el doctor frenteamplista se refirió a la poca prioridad que, a su juicio, el gobierno le ha dado al etiquetado frontal de alimentos. Y a la propuesta de eliminar la “tolerancia cero” al conducir, habilitando la conducción de vehículos con hasta 0,3 gramos de alcohol en litro de sangre.
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