Demandan al Estado por muerte dudosa en el ex Comcar

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El 17 de mayo de 2021 encontraron muerto a Marcelo Ayala, de 20 años, en su celda del módulo 12 del Unidad Nº 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). Este módulo, que funciona como un área de atención psiquiátrica a cargo de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en un inicio estaba situado en la sala 11 del Hospital Vilardebó.

A las 11:00 de la mañana de aquel día, los enfermeros que hacían guardia en el módulo llamaron al Centro Médico de la unidad penitenciaria porque necesitaban refuerzos para reanimar a Ayala, que estaba tirado en un colchón en el suelo. Pero no lo lograron.

La autopsia no arrojó resultados. No se pudo determinar una causa clara de su muerte. El cuerpo no tenía heridas y las cámaras que hay en esa ala de salud mental no mostraron ningún episodio de violencia.

El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, en su momento elevó una denuncia por el caso por su “apariencia delictiva”, dado que se creyó que hubo una omisión de asistencia.

El equipo de Petit realizó un informe detallado sobre la historia del fallecido y a partir de él salieron a la luz más irregularidades por parte de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), a juicio del comisionado parlamentario. Por ejemplo, que Ayala debería haber sido declarado inimputable por su condición psiquiátrica y nunca haber sido enviado a una cárcel común, pero también porque en ocasiones parecía haber recibido dosis excesivas de medicación.

Todo esto fue tomado como insumo por el padre de Ayala, representado por los abogados Rafael Silva y Nicolás Pereyra, quienes demandaron al Ministerio del Interior, al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por daños y perjuicios.

Ayala era hijo de una empleada doméstica y un criador de gallos y pájaros y vivió la mayor parte de su vida en Maldonado. Sus padres se separaron cuando era chico y él vivía con su papá. Desde una edad temprana la familia de Ayala empezó a ver que él era muy agresivo: se hería a sí mismo y también a los demás. Tenía grandes altibajos anímicos y el Estado le otorgó una pensión por “discapacidad intelectual”.

Durante toda su trayectoria estudiantil los docentes señalaron que el chico tenía graves problemas de aprendizaje. Nunca aprendió a leer ni escribir y tenía dificultades para prestar atención. Lo que le gustaba eran las artes manuales y oficios como la jardinería.

En 2011 una maestra destacó varios episodios graves de violencia: había roto vidrios con su puño, agredido y mordido a dos maestras, además de arrojar sillas por los aires.

Cuando entró en la etapa adolescente el panorama empeoró aún más. El joven, corpulento y alto, tenía cada vez más episodios violentos, sobre todo con sus familiares. Desesperados y sin saber qué hacer, ellos llamaban a la Policía para pedir asistencia.

Desde los 18 a los 20 años, Ayala estuvo 28 veces en comisarías como indagado y como víctima de supuestos hechos violentos en la convivencia.

El joven fue denunciado por violencia doméstica por su padre porque le rompía objetos de su casa y agredía o liberaba a los animales con los que trabajaba. En consecuencia, Ayala recibió una orden de no acercamiento al padre y se le puso una tobillera.

A partir de allí surgió una concatenación de desacatos, que en algún caso culminaron en la rotura de su tobillera. A comienzos de febrero de 2021, a partir de una de las últimas denuncias, el Instituto Técnico Forense le realizó una pericia en la que se informó de un “nivel mental normal” y que no presentaba “patología psíquicas alienantes”, por lo cual era capaz de comprender el carácter de sus actos y autodeterminarse libremente.

El 8 de marzo Ayala fue finalmente imputado de un delito de desacato agravado junto con otro de agravio a la autoridad policial agravado, y fue condenado -mediante un proceso abreviado- a una pena de 11 meses de prisión. En esta oportunidad la Justicia se basó en la pericia psiquiátrica que se le había hecho un mes atrás, y que hoy sorprende a Petit, a los abogados y su familia.

Primero estuvo privado de libertad en la cárcel de Las Rosas y luego fue trasladado al ex Comcar, sin que su familia fuera enterada.

En la segunda unidad Ayala tuvo varios problemas de convivencia. También actuaba de forma “bizarra”, dice el informe: se sacaba la ropa, hablaba como un niño chico, decía que esta poseído por un demonio, mencionaba bombas y explosiones y tiraba la comida al suelo para comerla desde allí.

Un día antes de que muriera, a Ayala lo cambiaron de celda porque había roto los caños y canillas. Para hacerlo, los operadores tuvieron que llevarlo en una manta porque no podía caminar. “Es muy significativo que Marcelo no pudiera sostenerse por sí solo, todo el contexto parece correlacionar eso con la fuerte medicación que estaría recibiendo”, se destaca en el trabajo del comisionado.