Teyma y Punta de Rieles: el mercado gana con la participación de fondos de infraestructura

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El traspaso de la totalidad del paquete accionario de Unidad Punta de Rieles (UPR), el establecimiento penitenciario construido bajo la modalidad PPP, al fondo Aberdeen, confirmado la pasada semana, abre la puerta a que distintos fondos dedicados específicamente a las infraestructuras “pongan el ojo en el país”, afirmó Alejandro Fynn, presidente de Teyma. La operación fue aprobada por el Poder Ejecutivo el pasado lunes, como explicó El País en su edición del martes 20. Esta empresa fue la desarrolladora de la obra y propietaria —hasta la mencionada operación— del 75% de las acciones de UPR. Cuando más activos se generen de estas características –obras desarrolladas por privados con repago a largo plazo- habrá más oportunidades de inversión como la que se concretó recientemente. Alejandro Fynn definió este proceso como “algo lógico”; una vez impulsado el proyecto, construido y puesto en marcha, una empresa dedicada a desarrollo de infraestructuras transfiere las acciones a un inversionista al que le interesa contar con un flujo de fondos estable, previsible. “Y a nosotros nos libera recursos para buscar otras oportunidades”, destacó. El empresario opinó asimismo acerca del interés del Poder Ejecutivo en desarrollar otras herramientas en lugar de los denominados PPP, afirmando que el sistema conocido como “crema” se adapta mejor a proyectos más pequeños. Dijo que los PPP “son un buen instrumento, pero no un dogma”, y se inclinó por capitalizar el aprendizaje adquirido para mejorar las herramientas existentes. A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿Por qué Teyma vendió su participación en la cárcel de Punta de Rieles?

—Somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo de infraestructuras y eso hace que a veces, la empresa tenga a cargo distintas partes de la cadena. Históricamente, las empresas de este giro se encargan de la construcción, pero particularmente nuestra empresa toma otros roles: promover proyectos, estructurarlos, financiarlos y comenzar a operarlos. En Uruguay no han aparecido muchas oportunidades en las cuales el sector privado forme parte del desarrollo y operación de infraestructuras. En nuestro caso, en los últimos años, participamos del primer boom de participación del sector privado en desarrollo de infraestructuras que fue la energía eólica; desarrollamos tres parques eólicos y luego de todo el proceso, los vendimos. En ese caso de la infraestructura carcelaria está pasando algo similar…

—Por tanto, es esperable que eso ocurra en esta etapa de la vida del proyecto…

—Es algo natural, porque este tipo de infraestructura a largo plazo, de construcción civil vinculada a un servicio social, en las etapas que hoy están por delante, no necesariamente es para empresas como Teyma. A nivel internacional se han desarrollado numerosos fondos específicos de infraestructura, que participan con financiamiento a quienes construyen el proyecto o tomando activos en proyectos que ya están maduros y que tienen un flujo de fondos estable, previsible, a través de los dividendos.

—¿El traspaso de Punta de Rieles a un fondo de estas características era parte de la estrategia inicial?

—No lo teníamos decidido cuando iniciamos este proceso. Pero siempre sabíamos que cabía esa posibilidad. Una vez que el proyecto se ha desarrollado, que está funcionando de acuerdo con lo previsto, en algún momento puede aparecer una oportunidad. Hay una inversión de capital de la empresa a 25 años y no necesariamente es vocación de empresas como la nuestra quedarse a cobrar dividendos a largo plazo. Optamos por vender la parte de capital y quedarnos con la parte de operación de los servicios, donde nos sentimos más cómodos. Y el mercado uruguayo gana con esta operación.

—¿De qué forma puede afectar esa operación al establecimiento penitenciario?

—No hay afectación del establecimiento; permanecemos en la operativa de mantenimiento del centro penitenciario. Sigue todo igual. Lo mismo ocurre con la alimentación, ya que el accionista minoritario de UPR SA (Goddard Catering Group), que también vendió su participación accionaria, seguirá con esta operativa.

—¿Por qué entiende que es una buena noticia para el mercado local?

—Porque una vez que se empiezan a desarrollar este tipo de activos aparece el interés de otros actores para invertir acá, como es el caso de los fondos de infraestructura. Hay algunos que han participado en la concesión de proyectos brindando financiación, pero otros están interesados en entrar al negocio cuando esos activos comienzan a generar fondos en forma recurrente. En proyectos que cumplen los estándares requeridos, les interesa participar. Uruguay es un país con investment grade, buena promoción de inversiones, seguridad jurídica, previsibilidad… si aparecen buenas oportunidades, estarán participando cada vez más en la infraestructura uruguaya. Vale la pena recordar que, en el caso de Punta de Rieles, están apostando a participar en un proyecto que está generando un flujo de fondos en Unidades Indexadas a más de 20 años. Eso es confianza.

—Al rotar el activo y convertirlo en liquidez, se obtienen fondos para nuevos proyectos…

—Exactamente, bienvenida la liquidez en un momento como el actual. Eso es muy importante para nosotros, y lo mismo para todos los que invierten en este tipo de proyectos. Desarrollar una PPP como la de Punta de Rieles u otras que están en marcha, involucra movilizaciones financieras relevantes, cuando de repente el rol más potente de una empresa como Teyma es el desarrollo, construcción y puesta en funcionamiento de un proyecto. Lo que se logra vendiendo la participación es remunerar esa acción y no esperar una renta financiera a 20 años. Y pensar en nuevos proyectos a desarrollar.

—Fue el primer proyecto PPP en ponerse en marcha en el país ¿Lo harían de nuevo?

—Si, definitivamente. Ha sido un proceso de aprendizaje importante; para nuestra empresa, pagamos el costo del pionero, ya que fue el primer contrato PPP que se firmó en el país, por tanto, hubo que empezar de cero con ese contrato. Hubo que armarlo y negociarlo. Lo importante fue poder llevar adelante un proyecto en forma exitosa, cumpliendo con los plazos y los estándares de calidad solicitados y sumando a actores que tampoco habían formado parte de procesos similares, como es el caso de las AFAP; a su vez, permitió desarrollar un capital humano que adquirió experiencias en prácticas y procesos nuevos; y para todo el país hay una acumulación de conocimientos que resulta muy útil. En cuanto a los plazos, no fueron tan largos. El pliego de la licitación se abrió en 2013 y la obra estaba terminada en 2017. De acuerdo con experiencia comparada de otros países, no fue excesivamente extenso. Es una herramienta útil.
Claro que el procedimiento requerirá ajustes a partir del aprendizaje. Todos los que participamos de estos procesos podemos aportar algo para mejorar…

—En su caso, ¿qué considera que debería cambiarse?

—Ha habido cambios importantes. Por ejemplo, un mix de monedas (UI-dólares) en cuanto al pago en los procesos de los corredores viales, lo cual facilita la participación de inversores del exterior que se sienten más cómodos con esa modalidad; hay algunos plazos previos en la elaboración del proyecto que podrían modificarse. Habría que unificar ventanillas para facilitar la gestión y estandarizar pliegos, contratos y garantías. Los tiempos son clave para las expectativas de los inversores.
Por otra parte, los topes establecidos en la ley para el uso de fondos públicos, en esa herramienta, hoy limitan la posibilidad de nuevos proyectos. Este escenario plantea la posibilidad de que se revean los topes o se piense en otros instrumentos…

—Precisamente el Poder Ejecutivo planteó recientemente su interés en modificar las concesiones de obras de infraestructura a privados. Optará, en algunos casos, por los denominados “crema” (contratos de rehabilitación y mantenimiento). ¿Qué opinión le merece esta nueva orientación?

—Los PPP han sido una buena experiencia, pero son un instrumento, no un dogma. Es una estructura que tiene cierto grado de complejidad y es importante capitalizar las experiencias buscando las alternativas que mejoren las condiciones. Sin desechar lo hecho hasta ahora, siempre es importante buscar mejoras.

Respecto a los contratos crema, nosotros no hemos hecho ese tipo de contratos ni los tenemos en nuestro horizonte porque son bastante específicos, volcados especialmente a lo vial. Pero es una alternativa viable. Es una alternativa que funciona, en la que el peso de la inversión inicial lo lleva el Estado, que decidirá distribuir sus recursos de la manera que considere más efectiva. Es volver a un sistema de construcción de obra pública más tradicional, agregándole la gestión de esos activos para asegurar que se mantengan en condiciones en un plazo determinado.
Modalidades similares ya existen en el país. Probablemente este mecanismo se adapte más a los proyectos más chicos y los que resulten más sofisticados se siga recurriendo a PPP o proyectos similares.

Más allá de que se modifique la forma en que se da participación a los privados en la infraestructura pública, nosotros entendemos que no se debe discontinuar ese proceso. Son perfectibles los mecanismos, es cierto, pero ha sido muy importante para las empresas y el país llevar adelante la larga lista de proyectos culminados o en desarrollo. La convocatoria a privados para los proyectos eólicos fue el primer mojón y luego se continuó con los corredores viales y los demás PPP. Hay que seguir en ese camino.